MÉXICO Y EL SISTEMA EDUCATIVO: LA ASIGNATURA PENDIENTE
David A. Figueroa Hernández
Académico
Sin duda una de las principales deudas que el Estado mexicano tiene es el fortalecimiento de la educación. En las últimas décadas muchos programas se han anunciado y a ninguno se le ha dado un seguimiento serio que fortalezca los métodos de enseñanza y la calidad educativa de nuestro país.
Durante las dos anteriores administraciones (2000-2006 y 2006-2012) se anunció la inclusión de México en el llamado Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se encuentran los países más desarrollados del orbe; en estas evaluaciones, los niños y jóvenes mexicanos evaluados en áreas sustantivas como Lectura, Matemáticas y Ciencias, estuvieron muy por debajo de la expectativa generada y de los estándares promedio de la propia OCDE. En el ámbito nacional, la prueba ENLACE es un intento por revertir el atraso académico de la juventud, sin embargo, los resultados también han sido muy cuestionados.
¿A qué se debe este deterioro en los niveles educativos? ¿Cuál es el futuro de los niños y jóvenes de nuestro país? ¿Estarán condenados a solo soñar con ejercer una carrera universitaria? Aquí el Estado tiene una gran responsabilidad y más aún, cuando actualmente México posee una marcada población juvenil.
El año pasado, 2013, se llevó a cabo el estudio Informe de Progreso Educativo 2013 (IIE), realizado por el Instituto de Innovación Educativa (IIE) del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en el que se detectaron algunos de los problemas que ya de antemano se conocen pero no han podido mejorar: 1) Respecto a la evaluación efectuada en 2008, en los estados con mayor progreso educativo solamente cambió uno de los principales cinco; mientras tanto, los de menor progreso entraron dos. Esto resulta en una calidad educativa deficiente en el que las zonas geográficas y el personal docente que imparte clases, no son uniformes en cada uno de los estados (siguen siendo algunos estados del norte los mejor evaluados y los del sur y sureste, de los más deficientes). 2) Quedó demostrado que en las escuelas donde existía una mayor infraestructura tecnológica y preparación docente, los resultados fueron mejores. 3) En los estados que mejor proveen la demanda de servicios y abaten los niveles de pobreza de forma más eficaz, su nivel académico y crecimiento sostenido es mayor. 4) Aunque nuestro país es el que eroga mayor presupuesto (en relación con su PIB y que corresponde a 4 billones 479 mil millones de pesos para este 2014) de todos los integrantes de la OCDE, aún el dinero no es canalizado adecuadamente, por ejemplo, en un salario que dignifique al docente y que le permita desarrollarse (exigir y exigirse cada vez más; darle al profesor un mejor salario a quien mejor enseñe).
Ahora bien, si a esto aunamos que los jóvenes de hoy poseen una ventaja muy sólida y marcada con el apoyo de las nuevas tecnologías y la conexión de Internet (siempre y cuando tengan la capacidad de conocer y accesar), ahora el reto debiera corresponder al docente; es decir, saberlo encaminar en los conocimientos necesarios y oportunos que requieren las nuevas generaciones.
La gran responsabilidad del docente implica educar e instruir a los jóvenes en saberes como: comprender lo que leen, realizar análisis de capacidades como la abstracción, visualización, redacción, ortografía, síntesis, tesis y antítesis, solo por citar algunos, que coadyuven a que el niño y joven aprendan a aprehender y solucionen satisfactoriamente sus retos académicos y de vida.
Sin embargo, otro gran pendiente es el rezago educativo que posee nuestro país ya que según el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 publicado por la Secretaría de Educación Pública existe una población importante de analfabetismo: poco más de cinco millones de personas. En muchos casos la pobreza es un poderoso enemigo en el desarrollo académico de la juventud.
En este sentido, la presente administración (2012-2018) tiene varios retos que van más allá de un programa sexenal, un programa multimedia o experimentar con la aplicación de más escuelas de tiempo completo. Al día de hoy, no se ha entendido que no necesariamente entre más tiempo de estudio se tengan, mejores resultados se obtendrán.
Sin duda alguna, la calidad de vida de los estudiantes tiene mucho en relación a su aprovechamiento y a su nivel de académico. En ambos, los gobiernos han fracasado y el actual tiene la oportunidad de resarcir lo hecho hasta ahora: canalizar adecuadamente el presupuesto, dotar de una infraestructura adecuada a todas las escuelas del país; dignificar la formación docente, premiarlos y distinguirlos económica y académicamente; combatir la corrupción en el sindicato de trabajadores de la educación; impedir la deserción escolar; y crear un ambiente escolar que, armónicamente con los padres de familia (principales visores del proceso de aprendizaje de sus hijos) y al lado de los docentes, desarrollen una sinergia encaminada al buen desarrollo de los niños y jóvenes.
Al final, el presente y futuro de los niños y jóvenes de México recae -como en cualquier país del mundo-, en los docentes y en los padres de familia. Los niños y jóvenes merecen soñar con su futuro, con su derecho al estudio para algún día ejercer como profesionistas. No queremos quitarles ese aliciente que les permitan ser mejores seres humanos y mexicanos Nadie puede desear lo contrario, ¿o sí? El presente y futuro de México está en sus aulas en la educación y en la instrucción.
sábado, 2 de agosto de 2014
¿Focos rojos en el campo mexicano?
Por David A. Figueroa Hernández
Al hablar del campo nacional referimos un sector que si bien ha destacado logros importantes durante la última década del siglo pasado y la primera del que comienza, permanece aún en un estado de indefensión que las últimas administraciones sexenales han tratado de aminorar y, a la fecha, continúa como una arista que reclama atención y soluciones de corto, mediano y largo plazos.
De acuerdo con el programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), México cuenta con un territorio nacional compuesto por 198 millones de hectáreas de las que 145 se dedican a la actividad agropecuaria. De ellas, cerca de 30 millones de hectáreas corresponden a tierras de cultivo y 115 millones son de agostadero; dentro de este universo, 45.5. millones de hectáreas refieren a bosques y selvas, otro patrimonio nacional.
En el campo mexicano vive cerca de la tercera parte de la población total nacional y es ahí donde la pobreza se agudiza de forma importante; cerca de 17 millones se encuentran en pobreza y de ellos, seis millones resultan en pobreza extrema; de igual forma, 8.9 millones de habitantes padecen un rezago educativo importante. Pareciera paradójico que mientras el campo produce un alto índice de la alimentación de los mexicanos, es ahí donde exista mayor nivel de desigualdad, pobreza y bajos índices educativos (no es de extrañar que sea aquí donde vivan la mayoría de los habitantes mexicanos hablantes de lenguas indígenas).
A inicios del año, la Sagarpa anunció que el monto asignado a dicha dependencia ascendía a 82 mil 900.4 millones de pesos, de ellos, 69 mil 783.9 millones de pesos estaban destinados a programas agropecuarios y pesqueros; cinco mil 638.1 millones de pesos a programas de educación e investigación y siete mil 388.4 millones de pesos en gastos de operación, sólo por mencionar las principales asignaciones.
Sin embargo, un sector que mereciera especial atención cuando referimos al campo mexicano, es el de las universidades y centros de investigación; aquí, para este 2014, están destinados cinco mil 638.2 millones de pesos entre los colegios de Postgraduados Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO), la Universidad Autónoma de Chapingo y los Institutos Nacionales de Pesca (Inapesca) y de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap).
De igual forma, al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria se le invertirán cinco mil 143 millones de pesos; y al de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación tres mil 11 millones de pesos.
Pese a esta inversión, resulta increíble que el campo mexicano aún posea rezagos sustanciales derivados de varias décadas producto de la desatención así como de ventajosas medidas comerciales para competir con otros países. Ejemplo de ello, lo tenemos con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, en el que nuestro país ha tenido que adecuarse a las reformas arancelarias y en la mayoría de los casos, nuestros agricultores no cuentan con una equitativa competencia frente a los industriales de los colosos del norte. A veinte años de la entrada en vigor de este Tratado, México es el país que ha sido menos beneficiado y en lo individual, nuestros productores sufren más con los estándares internacionales requeridos.
En México aún no se ha generalizado el uso de la tecnología más avanzada para la producción, los créditos fluyen a cuentagotas con enormes intereses a largo plazos y cada vez dependemos más de las importaciones ya que gran parte del mejor producto resulta en las exportaciones de frutas, verduras, carne (roja o blanca) y hasta leguminosas. Es necesario que se invierta fuertemente en tecnología de riego y de incentivación económica que haga del campo un sector más productivo ya no solo en el occidente sino a lo largo y ancho del país; debe existir certidumbre en los programas agroindustriales y ganaderos; que la especulación desaparezca y la corrupción se condene y castigue. Certeza en los productores mexicanos.
Las últimas administraciones no han centrado su atención en problemas fundamentales además de la inversión tecnológica, tales como: el índice de desempleo y seguridad social en el campo mexicano; la pobreza generada por el alza de precios en alimentos y; la migración de millones de personas del campo a las ciudades en busca de una mejor calidad de vida, muchas veces nunca encontrada y que sí genera mortandad y miseria. Estos factores se han acrecentado con el paso del tiempo.
Los retos son muchos para la presente administración (2012-2018) y el campo mexicano no requiere discursos que conlleven más sufrimiento y pobreza. Sin duda alguna, el programa denominado “Cruzada Nacional contra el Hambre” presentado por el Presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, busca aminorar esta situación en zonas rurales y urbanas con pobreza extrema a lo largo del país, pero es una acción momentánea y de corto plazo, mediática, que no resulta en una salida permanente a la situación de muchas zonas agrícolas que no pueden más.
Estamos a buen tiempo de resarcir lo que podría ser un problema irreversible para las próximas generaciones; es necesario apostar por el pequeño y mediano productor, incentivarlo y apoyarlo económica y tecnológicamente para que pueda tener un desarrollo pleno y equitativo para trabajar su mercancía y competir en igualdad de circunstancias con otros productores nacionales o extranjeros.
Por David A. Figueroa Hernández
Al hablar del campo nacional referimos un sector que si bien ha destacado logros importantes durante la última década del siglo pasado y la primera del que comienza, permanece aún en un estado de indefensión que las últimas administraciones sexenales han tratado de aminorar y, a la fecha, continúa como una arista que reclama atención y soluciones de corto, mediano y largo plazos.
De acuerdo con el programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), México cuenta con un territorio nacional compuesto por 198 millones de hectáreas de las que 145 se dedican a la actividad agropecuaria. De ellas, cerca de 30 millones de hectáreas corresponden a tierras de cultivo y 115 millones son de agostadero; dentro de este universo, 45.5. millones de hectáreas refieren a bosques y selvas, otro patrimonio nacional.
En el campo mexicano vive cerca de la tercera parte de la población total nacional y es ahí donde la pobreza se agudiza de forma importante; cerca de 17 millones se encuentran en pobreza y de ellos, seis millones resultan en pobreza extrema; de igual forma, 8.9 millones de habitantes padecen un rezago educativo importante. Pareciera paradójico que mientras el campo produce un alto índice de la alimentación de los mexicanos, es ahí donde exista mayor nivel de desigualdad, pobreza y bajos índices educativos (no es de extrañar que sea aquí donde vivan la mayoría de los habitantes mexicanos hablantes de lenguas indígenas).
A inicios del año, la Sagarpa anunció que el monto asignado a dicha dependencia ascendía a 82 mil 900.4 millones de pesos, de ellos, 69 mil 783.9 millones de pesos estaban destinados a programas agropecuarios y pesqueros; cinco mil 638.1 millones de pesos a programas de educación e investigación y siete mil 388.4 millones de pesos en gastos de operación, sólo por mencionar las principales asignaciones.
Sin embargo, un sector que mereciera especial atención cuando referimos al campo mexicano, es el de las universidades y centros de investigación; aquí, para este 2014, están destinados cinco mil 638.2 millones de pesos entre los colegios de Postgraduados Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO), la Universidad Autónoma de Chapingo y los Institutos Nacionales de Pesca (Inapesca) y de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap).
De igual forma, al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria se le invertirán cinco mil 143 millones de pesos; y al de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación tres mil 11 millones de pesos.
Pese a esta inversión, resulta increíble que el campo mexicano aún posea rezagos sustanciales derivados de varias décadas producto de la desatención así como de ventajosas medidas comerciales para competir con otros países. Ejemplo de ello, lo tenemos con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, en el que nuestro país ha tenido que adecuarse a las reformas arancelarias y en la mayoría de los casos, nuestros agricultores no cuentan con una equitativa competencia frente a los industriales de los colosos del norte. A veinte años de la entrada en vigor de este Tratado, México es el país que ha sido menos beneficiado y en lo individual, nuestros productores sufren más con los estándares internacionales requeridos.
En México aún no se ha generalizado el uso de la tecnología más avanzada para la producción, los créditos fluyen a cuentagotas con enormes intereses a largo plazos y cada vez dependemos más de las importaciones ya que gran parte del mejor producto resulta en las exportaciones de frutas, verduras, carne (roja o blanca) y hasta leguminosas. Es necesario que se invierta fuertemente en tecnología de riego y de incentivación económica que haga del campo un sector más productivo ya no solo en el occidente sino a lo largo y ancho del país; debe existir certidumbre en los programas agroindustriales y ganaderos; que la especulación desaparezca y la corrupción se condene y castigue. Certeza en los productores mexicanos.
Las últimas administraciones no han centrado su atención en problemas fundamentales además de la inversión tecnológica, tales como: el índice de desempleo y seguridad social en el campo mexicano; la pobreza generada por el alza de precios en alimentos y; la migración de millones de personas del campo a las ciudades en busca de una mejor calidad de vida, muchas veces nunca encontrada y que sí genera mortandad y miseria. Estos factores se han acrecentado con el paso del tiempo.
Los retos son muchos para la presente administración (2012-2018) y el campo mexicano no requiere discursos que conlleven más sufrimiento y pobreza. Sin duda alguna, el programa denominado “Cruzada Nacional contra el Hambre” presentado por el Presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, busca aminorar esta situación en zonas rurales y urbanas con pobreza extrema a lo largo del país, pero es una acción momentánea y de corto plazo, mediática, que no resulta en una salida permanente a la situación de muchas zonas agrícolas que no pueden más.
Estamos a buen tiempo de resarcir lo que podría ser un problema irreversible para las próximas generaciones; es necesario apostar por el pequeño y mediano productor, incentivarlo y apoyarlo económica y tecnológicamente para que pueda tener un desarrollo pleno y equitativo para trabajar su mercancía y competir en igualdad de circunstancias con otros productores nacionales o extranjeros.