Siempre me congratularé por tener amigos como el Lic. Marco Julio Linares Quintero, el Dr. Javier Oliva Posada y el Dr. Ernesto Villanueva Villanueva...

En el 2009 tuve la fortuna de compartir la palestra con mis grandes amigos y maestros Dr. Otilio Flores y Dr. Fernando Ayala...

En el 2008, tuve la fortuna de compartir palestra con mi amigo el escritor René Avilés Fabila

Les comparto mi colaboración del año pasado (junio 2012) en la revista Relatos e Historias de México

UNA OBRA MONUMENTAL

EL CANAL DEL DESAGÜE DEL VALLE DE MÉXICO

Históricamente, la cuenca del Valle de México ha enfrentado múltiples problemas; entre ellos, las inundaciones que por siglos han mermado la vida de quienes viven en esta ciudad, actualmente una de las más grandes y pobladas del mundo, cuyo desarrollo ha mostrado su carácter singular y su evolución económica, política, social y cultural.

En el ámbito de la ingeniería y urbanística, una obra monumental que buscó mejorar la calidad de vida de sus habitantes fue el Gran Canal del Desagüe, erigido durante el régimen de Porfirio Díaz y que llevó al país a ser considerado moderno y a la altura de cualquiera en Europa.

Controlar las aguas

Los movimientos volcánicos y tectónicos que originaron la cuenca del Valle de México provocaron que fuera alimentada por ríos, manantiales y aguas pluviales que desembocaban en los lagos de Xaltocan, San Cristóbal, Chalco, Zumpango y Texcoco.

En la época prehispánica ya se buscaba cómo controlar el complejo sistema hidrológico del Valle de México. Por un lado, existía el desabasto de agua potable; por otro, las inundaciones. El primer problema fue resuelto con la construcción de un acueducto que transportaba el líquido de los manantiales de Chapultepec a la zona central de Tenochtitlan (aún se pueden apreciar sus vestigios sobre avenida Chapultepec). Las inundaciones se trataron de controlar con albarradas y calzadas-diques que en algunos casos también sirvieron de vías de comunicación, como las calzadas de Tlacopan, Iztapalapa, Tlatelolco, Tepeyac, San Antonio y Coyoacán, que representaron un gran adelanto para la época en materia de ingeniería hidráulica.

Al llegar los españoles, si bien las obras construidas por los mexicas no controlaban las inundaciones, sí amortiguaban las crecidas; al destruirlas, los conquistadores se percataron de que resolver el problema era una prioridad.

Para 1604 los españoles tenían el control del sistema hídrico, incluidos sus diques y albarradones, por lo que cerraban las compuertas de acuerdo con sus intereses, ocasionando inundaciones a gran escala. En ese año, los españoles cerraron el dique de Mexicaltzingo e inundaron con ello a los pueblos de Xochimilco.

En 1607 se originó otra inundación de grandes proporciones, razón por la que se construyó el Tajo de Nochistongo, obra del cosmógrafo Enrico Martínez con la que se canalizaron las aguas del río Cuautitlán fuera de la cuenca y que iba de México a Zumpango drenando las aguas del lago de Texcoco. También se pensó en la construcción del canal-túnel Huehuetoca, que se terminó hasta 1789.

En la segunda mitad del siglo XIX, con la llegada de Maximiliano de Habsburgo a México, se conformó el primer proyecto para la construcción del Desagüe General del Valle de México, que había sido presentado en 1856 por el ingeniero Francisco de Garay, quien no aceptó dirigir las obras debido a su aversión a la intervención francesa.

Una vez derrumbado el Segundo Imperio y restablecida la República, se pensó continuar con la colosal obra; sin embargo, el problema presupuestal fue siempre el principal obstáculo. Este proyecto, con sus diversos vaivenes, nacería completamente en un periodo de estabilidad económica y política.

El gran proyecto

Tras el triunfo de la rebelión de Tuxtepec en 1877, el general Porfirio Díaz incluyó en su gabinete a personas ilustres que pudieran hacer realidad los proyectos que tenía pensado para la capital y el país. El primer paso fue nombrar secretario de Fomento al general Vicente Riva Palacio, quien organizaría por vez primera una Dirección del Desagüe con Francisco de Garay al mando.

La inundación de abril de 1878 recordó la urgencia de la obra. Era necesario apresurar los trabajos. Los generales Díaz y Riva Palacio se inclinaron por el proyecto original (Francisco de Garay), pero modificado y enriquecido por el ingeniero Luis Espinosa, a la postre, director interino de las Obras de Desagüe.

La obra se detuvo por falta de liquidez y se reinició hasta octubre de 1881, durante el mandato del general Manuel González (1880-1884), cuando el gobierno celebró un contrato con Antonio de Mier y Celis y le autorizó formar una compañía para llevar a cabo la canalización y desagüe del Valle de México.

La construcción final constó de canal, túnel y tajo de salida. En 1894 quedó concluido el túnel y en 1900 todo el canal.

Una visión integral

Aunque se ha cuestionado a Díaz por favorecer a una elite mientras gran parte de la población era reprimida y marginada del progreso nacional, gracias a la pax porfiriana impuesta por la fuerza fue posible el desarrollo estabilizador y la inversión extranjera. Obras como el Gran Canal harían que la sociedad disfrutara de tal desarrollo con hechos concretos en materia de salud y medio ambiente, lo que sin duda exhibía la visión de largo plazo que el general deseaba para México.

Antes de 1900 don Porfirio ya vislumbraba la conmemoración de las fiestas del Centenario de la Independencia, donde se mostrarían al mundo las grandezas edificadas durante su mandato. En esta visión, a la Ciudad de México se le dotaría de servicios públicos como alumbrado eléctrico, pavimentación, un eficiente sistema de transporte, un constante suministro de agua potable y drenaje para las aguas negras.

Era necesario implementar una campaña de salubridad hídrica en la que ya no se mezclara, durante la época de lluvias, el líquido potable con aguas negras, lodo y barro. Se pensó en atacar de raíz el problema de las grandes inundaciones que sufría la ciudad, terminar con las epidemias y mejorar las condiciones de salubridad en que vivía la mayoría de los capitalinos.

Así, se constituyó el Proyecto del Desagüe General del Valle de México, dividido en tres fases interrelacionadas:

1.                 Desagüe general del Valle de México. Primer sistema completo que permitiría la transportación a distancias lejanas de aguas negras y pluviales fuera del Valle de México, a través de montañas y ríos. Con una longitud de más de 47 km, tendría su origen en San Lázaro y concluiría en la laguna de Zumpango, para de ahí conducirse a través del túnel de Tequixquiac e incorporarse al río Salado; es decir, correría de la capital al estado de Hidalgo.

2.                 Saneamiento interno de la Ciudad. Permitiría el desalojo subterráneo de las aguas negras de la capital al ser conectado con casas, edificios, hospitales y mercados; además, se implementaría un sistema de atarjeas para permitir la limpieza de todos los conductos desaguadores. Con esta obra del ingeniero Roberto Gayol (nombrado director general en 1899) se eliminaba por completo la vieja transportación de heces en carros abiertos, que después se hacía por la noche en vehículos cerrados. Fue inaugurada en marzo de 1903.

3.                 Sistema de aprovisionamiento de agua potable. Primer sistema que transportó agua a través de más de 50 km de conductos subterráneos, evitando su contaminación. Ideado por el ingeniero Manuel Marroquín y presentado en 1901, contó con el visto bueno de José Ives Limantour (ya para entonces ministro de Hacienda) y del presidente. Se aprobó en 1902 y se construyó de 1905 a 1908. La obra consistió en un acueducto principal y plantas de captación y bombeo en La Noria, Nativitas y Santa Cruz. De 1909 a 1911 se llevó a cabo una segunda etapa al crearse una galería subterránea y sustituir los conductos por una nueva red de tuberías que fue terminada en octubre de 1913.

Estos elementos conformaron el primer Sistema Hidráulico Integral de México. Por su inversión, fue la primera gran obra en cuanto a infraestructura urbana en la Ciudad de México. Parte del Gran Canal se desarrolló como túnel (el de Zumpango), con el cual se revestía aún más la visión integral de la construcción. Además se optó por realizar, después de la inauguración, un arte especial para la fachada del túnel y para las plazoletas, lo que engrandeció la obra.

La participación extranjera

Para cuando el presidente Porfirio Díaz aseguraba su reelección, el país ya gozaba de la posibilidad de obtener créditos internacionales. Un sello de su administración fue la participación extranjera en los diversos contratos de infraestructura, petróleo o vías de comunicación. Respecto al Gran Canal del Desagüe, era importante que fuera avalado económicamente por una empresa experimentada, con alto poder adquisitivo y que contara con un nivel tecnológico que respaldara tan importante obra.

Para 1887 la Junta Directiva decidió que la compañía ideal era Bucyrus Construction Company, con sede en Ohio, EUA, cuya ventaja era que contaba con dragas que podían excavar cerca de 600 m³ en diez horas. Pero una vez que Bucyrus manejó costos diferentes a los iniciales, la Junta decidió que se encargara de la excavación Pearson & Son, empresa de origen inglés que firmaría su primer contrato el 23 de diciembre de 1889.

En poco tiempo, Pearson & Son tuvo importantes contratos de construcción, como los puertos de Veracruz, Coatzacoalcos y Salina Cruz, y el Ferrocarril Transístmico; además participó en la Compañía de Luz y Fuerza. La buena relación entre Pearson y el gobierno federal se extendió al rubro personal. Baste recordar que cuando Porfirio Díaz salió exiliado del país, el dueño de la compañía, su amigo Weetman Pearson, ofreció un castillo en Escocia que el general agradeció, pero rechazó para residir en París.

Por otra parte, para el Gran Canal se contrató mano de obra nacional y extranjera. Pero existían disparidades entre los trabajadores, ya que los que venían de otros países, principalmente los europeos, contaban con mejores condiciones laborales.

Pearson & Son logró hacer de México su mina de oro y el gran capital que desarrolló la convirtió en una empresa líder en el mundo, ejemplo que alentó a otras empresas extranjeras a aprovechar las ventajas que otorgaba el gobierno mexicano.

El nuevo siglo

El 17 de marzo de 1900, en un magno evento celebrado en Zumpango, fueron inauguradas las obras del Gran Canal del Desagüe. Además del presidente, su gabinete y Limantour –presidente de la Junta Directiva–, asistieron representantes de los poderes Legislativo y Judicial, miembros del cuerpo diplomático, del Ayuntamiento, del Consejo Superior de Salubridad y de corporaciones científicas.

Don Porfirio ofreció un banquete que fue amenizado por la banda de música del Ejército, salvas de artillería, la acostumbrada y vistosa iluminación de los principales edificios públicos por las noches, así como el repique de las campanas de las iglesias de la localidad dieron el toque distintivo al acto.

Para 1900, esta construcción era de las más importantes del mundo y colocaba a la ingeniería nacional y a la figura del presidente Díaz –ya de por sí ostentosa– en los primeros planos. Para el investigador Manuel Perlo Cohen, la obra marcó a México y a su régimen:

El canal del desagüe […] fue el símbolo del Porfiriato. Su edificación le dio forma y expresión a varios de los principales componentes que habían de caracterizar el modus operandi del régimen durante varias décadas: participación de empresas extranjeras, introducción de tecnologías avanzadas, utilización de préstamos internacionales, reestructuración de la administración pública, desarrollo de una tecnocracia nacional, centralización de la toma de decisiones en manos del presidente y adopción de la ideología de la modernidad como aspiración nacional.[1]

Tal vez el elemento más importante, con este gran proyecto, fue el giro radical que se dio a las condiciones sanitarias y ambientales de la ciudad, importancia que entendió muy bien Porfirio Díaz; la visión estratégica en su mandato de más de treinta años le permitió, para bien o para mal, trascender en la vida nacional.

Hoy, a 111 años de la inauguración del Gran Canal del Desagüe, es una obra que sigue utilizándose todos los días en la Ciudad de México, aunque ha reducido su capacidad debido al incremento demográfico. Al general Díaz, algún día lo juzgará una historia más imparcial por lo que ofreció a su amado país y no tanto por lo que le restó. Aquí la prueba.

Para conocer más:

·        Boletín Oficial del Consejo Superior de Gobierno del Distrito Federal. La Obra del Desagüe de 1866 a 1885, octubre 1905.

·        Boletín Técnico. Entubamiento del Gran Canal del Desagüe de México. Núm. 27, septiembre-octubre 1995.

·        Connolly, Priscilla. El Contratista de don Porfirio. La construcción del Gran Canal de Desagüe. Tesis de Doctorado, Volúmenes I-IV, UAM, 1991.

·        De Garay, Francisco. El Valle de México: Apuntes Históricos sobre su hidrografía desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Secretaría de Fomento, 1888.

·        Documentos Relativos al Drenaje de la Ciudad de México. Ayuntamiento Constitucional de México. Palacio Nacional, 1897.

·        Mansilla, Elizabeth. De cómo Porfirio Díaz dominó las aguas. Historia de la construcción de la obra hidráulica, 1994.

·        Pérez H. Rafael. Uso y Distribución del actual de las aguas del Gran Canal del Desagüe y del Río Salado en los valles de México y del Mezquital. Secretaria de Recursos Hidráulicos. Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de México, 1961.

·        Perlo Cohen, Manuel. “El Centenario del Canal del Desagüe del Valle de México”, en: Tláloc. Órgano Informativo de la Asociación Mexicana de Hidráulica, (AMH), septiembre-diciembre, 1997.

·        Sistema Hidrológico del Valle de México. Semarnat-Conagua, 2007.

Numeralia

·                    Principales inundaciones antes de la obra: 1553, 1580, 1604, 1607, 1629, 1878, 1888

·                    Costo total de la obra del Desagüe General del Valle de México (entre 1885 y 1900): $18 496 901.10. Se devolvieron a la Tesorería General de la Federación $53 351.89

·                    Costo total del saneamiento interno de la Ciudad: $8 210 150.72

·                    Costo aproximado de las obras de aprovisionamiento de agua potable: $17 540 088.97

·                    Excavación manual: 4 762 800 m³

·                    Excavación por medio de dragas: 7 106 400 m³

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[1] Manuel Perlo Cohen, “El centenario del Canal del Desagüe del Valle de México”, en Tláloc. Órgano informativo de la Asociación Mexicana de Hidráulica, México, AMH, septiembre-diciembre de 1997, p. 15.

Comparto con ustedes una investigación que publiqué recientemente en la revista del Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM).

¿Y EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA?

Introducción

Una vez consolidada la alternancia política en nuestro país, el nuevo gobierno encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, implementó una serie de nuevos esquemas tecnológicos, de innovación y de transparencia, no vistos antes durante el viejo régimen priísta.

Es así como el 3 de abril del año 2003 fue aprobado por el Poder Legislativo la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Con ello, se buscó no solo limitar los puestos del gobierno federal a las instancias políticas en turno, sino que el funcionario ahora tendría que certificar sus habilidades y conocimientos para ser ratificado en su puesto y así, buscar una auténtica profesionalización en los cuadros gubernamentales.

Con la llegada del gobierno encabezado por el presidente –también panista- Felipe Calderón Hinojosa en el 2006, se mantuvo y dio continuidad al Servicio Profesional de Carrera (SPC); trató de perfeccionarse con la entrada en vigor de su reglamento. Sin embargo, el número de puestos para los mandos altos se incrementó de forma inusitada, lo que orilló a cuestionar el funcionamiento de este esfuerzo.

Finalmente, para el año 2012, tras las elecciones federales, el gobierno federal regresaría a manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el SPC marcaba ya no una especialización del ramo gobierno sino un coto de poder para colocar en él a personas cercanas al Poder Ejecutivo y de confianza para el gobierno en turno, lo que orilló aún más, a cuestionar dicho funcionamiento.

Ahora con el nuevo gobierno el cuestionamiento es ¿sirve realmente el SPC? ¿qué pasará con este esfuerzo que nació como una buena intención y del que se ha abusado y corrompido como si fuera agencia de colocación?

Origen, fundamentos y situación actual del SPC

El Servicio Profesional de Carrera (SPC) surgió como un elemento fundamental de lo que el gobierno de Vicente Fox denominó La Nueva Cultura Laboral (ver: Una Nueva Visión de la Política Laboral, 2005, FCE-STPS) y buscó poner un freno a las anárquicas colocaciones que se hacían al interior del gobierno federal. El nuevo gobierno, elaboró un esquema mediante certificaciones que encabezaría la ahora Secretaría de la Función Pública (SFP) mediante la igualdad en las oportunidades, el acceso a la función pública con base en el mérito, e impulsar un servicio de calidad en beneficio de la sociedad y del propio Estado mexicano.

El 10 abril de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del SPC; también al entrar en vigor, se rebautizó a la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) como Secretaría de la Función Pública (SFP). Así, esta Ley debería estar funcionando para el año 2007 una vez que se hubiesen creado las condiciones mínimas necesarias para la selección de los aspirantes.

Con este nuevo marco, la nueva ordenanza  en su articulado correspondiente a la naturaleza y objeto de la Ley, en su segundo Artículo, especifica que dicho sistema funcionará como un mecanismo que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad; asimismo, la Secretaría de la Función Pública será la encargada de su correcta operación basado en los principios rectores: legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género.

El Servicio Profesional de Carrera, resulta en palabras de Eduardo Romero Ramos (Merino, 2006, p.10), ex Secretario de la Función Pública durante el sexenio de Vicente Fox: “…una profunda reforma cultural que impacta en el ser y actuar del Estado mexicano. Es el instrumento que la sociedad se ha dado para que la autoridad se ejerza en forma eficaz, ética, profesional y democrática”.

Al hablar de las diferentes evaluaciones que se aplican para que una persona pueda participar en las diferentes vacantes que el gobierno federal publica, es necesario hacer algunas valoraciones.

El ingreso para un usuario a la página web del SPC, denominado www.trabajaen.gob.mx, comienza por registrarse y para ello es necesario crear una cuenta a través de un correo electrónico y una contraseña; una vez dentro y antes de usar el sistema para participar en los concursos, tiene que integrar los diversos apartados como son:

• Curriculum Vitae-Perfil: escolaridad y experiencia;
• Curriculum Vitae-Méritos: logros (publicaciones), distinciones (asociaciones), reconocimientos o premios, actividad destacada y otros estudios;
• Información adicional: docencia, idiomas y paquetería en cómputo;
• Documentos personales;
• Vista preliminar.

Ingresados estos datos, el aspirante puede ver en el sistema las diferentes vacantes y participar en ellas de acuerdo a su perfil y experiencia profesional; en caso de que desee participar en algún concurso, lo podrá hacer y el sistema en automático le dirá si es viable o no. La convocatoria es el primer filtro para participar y ganar un concurso y el aspirante puede ver su avance en cada proceso en la página señalada.

Las siguientes etapas corresponden al examen de conocimientos y evaluación de habilidades; evaluación de la experiencia  así como valoración al mérito. Una vez realizado lo anterior y si el aspirante logra obtener una puntuación satisfactoria, se le cita para una entrevista (generalmente a los tres primeros lugares), para que el comité técnico -entre los que se encuentran personal de la Secretaría de la Función Pública y el jefe inmediato-, decidan y emitan la determinación de quién será la persona que gana el concurso y, por ende, la plaza de servidor público de una dependencia. Así, se notifica al ganador.

Cuando el aspirante gana el concurso, se convierte en un servidor público, para lo que se le proporciona un curso de inducción al puesto y se emite su correspondiente nombramiento. Es así como se ingresa a la Administración Pública Federal (APF). No obstante, cada cinco años todos los servidores públicos que ingresaron por este sistema de concurso, deben acreditar una certificación presentando exámenes sobre las cinco capacidades gerenciales: liderazgo, visión estratégica, negociación, orientación a resultados y trabajo en equipo. También, son incluidas las capacidades de visión del servicio público como son: bien común, integridad, transparencia y rendición de cuentas; con ello, se cumple el requisito oficial para continuar otros cinco años en el puesto.

Para el investigador del CIDE, Ricardo Raphael (Merino, 2006, p. 94), el objetivo de la evaluación en la administración pública es garantizar que el servidor se adecue a las exigencias de calidad que reclaman tanto las responsabilidades como el puesto que ostenta. Gracias a este objetivo la administración asegura un constante incremento en sus niveles de profesionalización.

Sin embargo, para que estos niveles de profesionalización puedan echar raíces y proporcionar positivos dividendos en la APF, será necesario tener en cuenta los principios weberianos fundamentales (Vergara, 2006, p.16) :

·        La división y especialización del trabajo.

·        La selección de los funcionarios de acuerdo a sus capacidades y conocimientos técnicos necesarios para desempeñar el puesto.

·        La entrada y promoción en la carrera burocrática se decide por las capacidades profesionales y el mérito de los funcionarios.

·        La responsabilidad y autoridad de cada funcionario está claramente establecida por la jerarquía.

·        El comportamiento y decisiones de los funcionarios está determinado por un conjunto de reglas conocidas por todos.

·        Debe quedar constancia escrita de órdenes y decisiones para poder delimitar responsabilidades.

·        El funcionario no debe usar su encargo público para incrementar su patrimonio personal. El funcionario, en cambio, recibe un sueldo y tiene una perspectiva de carrera profesional para toda la vida.

Con estos preceptos sobre el ser y deber ser, el servidor público que ingresa debe tener en cuenta que su inclusión representa una mejoría para el sistema gubernamental ya que dependerá de él y de sus méritos la correcta aplicación de sus obligaciones y de sus resultados. Por otra parte, el servidor público, jerárquicamente superior, deberá comprender que el servicio público no es una agencia de colocaciones sino una oportunidad para mejorar los procesos, atención y resolución de problemas regionales y nacionales. En este caso, para el catedrático Uvalle (Merino, 2006, p. 112) ambas partes deben asimilar que la profesionalización es la combinación de democracia y eficiencia.

Por un lado, un servicio civil es indispensable en una democracia por al menos dos razones principales: porque evita la politización de la acción gubernamental y porque genera estabilidad ante los vaivenes políticos lógicos ante la alternancia política. Por otro lado, un servicio civil también es costoso como institución por al menos dos razones: por su tendencia a hacerse rígida y por la dificultad para administrar un sistema centralizado de gran tamaño que intenta controlar en forma integral la capacidad, movilidad y actuación de seres humanos eufemísticamente encasillados en la categoría de “recursos humanos” (Arellano, 2006, pp. 224-225).

Conviene en este contexto centrar el ejercicio evaluativo sobre los rendimientos ofrecidos por la gestión del funcionario. Tal cosa obliga a medir periódicamente tres elementos: 1) la disposición de los funcionarios para colaborar en y con sus unidades administrativas; 2) el apego del funcionario a los objetivos propuestos durante los ejercicios previos de planeación y; 3) el cumplimiento del funcionario respecto a las responsabilidades y los fines de la organización para la cual labora (Merino, 2006, p. 95).

Actualmente en nuestro país estamos apenas iniciando esta nueva etapa de ver a la administración pública con otros ojos; muchas décadas se le observó como un botín político al que se ingresaba a través de una amistad, un partido político o simplemente una plaza sindical.

En palabras de Rodolfo Vergara (Vergara, 2006, p. 16): La burocracia es una carrera profesional que se construye a partir del conocimiento técnico y el mérito. El burócrata no toma decisiones políticas, se limita a poner en práctica, administrar y ejecutar las decisiones tomadas por los políticos.

En esta tesitura, también para el catedrático Ricardo Raphael  el servicio profesional de carrera diluye las lealtades selectivas y solidifica el liderazgo institucional de los superiores jerárquicos dentro de los límites pautados por la ley. Todo ello, por su parte, redunda en el robustecimiento de la autonomía del Estado (Merino, 2006, p. 80).

Con este panorama, recapitulemos. En 2007 cuando este modelo empezó a operar, abarcó a 43 mil puestos públicos de designación en todo el gobierno, en los que se incluyeron: enlaces administrativos, jefes de departamento, subdirectores, directores y directores generales (Merino, 2006, p. 16).

Sin embargo con las reformas correspondientes, los directores generales, directores generales adjuntos, homólogos y cualquier otro equivalente (véase el Proyecto de Decreto aprobado y firmado el 21 de noviembre de 2012 en el que se reforma el artículo 8 y se deroga el inciso a) del artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal)  ya no fueron sujetos a este sistema sino que se sujetaron a la designación directa (vía Artículo 34) al igual que sus jefes inmediatos, es decir, subsecretarios y secretarios de Estado.

Por ello, se requiere hacer frente a estos vacíos y que la ley contemple también estas plazas o bien, si ya excluyeron ciertas áreas en el decreto ya citado, que se reglamente un SPC expresamente para mandos altos (como también lo expresa Gault, David, Merino, 2006, p. 241) y específicamente en cada institución que resultó no contemplada en la presente ley (como son la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo). Esto redundará a que realmente lleguen al gobierno los mejores servidores públicos en cada una de las áreas de la administración pública; sirva esto de parodia al ex presidente Vicente Fox cuando refirió que podría integrarse un auténtico gabinetazo.

Un servicio profesional que se precie de serlo, acude al mercado laboral en busca de los hombres y mujeres mejor preparados para competir por los puestos vacantes, y lo hace de manera tal que cualquier ciudadano con las credenciales y la experiencia profesional suficientes puede acceder a los puestos, sin más argumentos que su desempeño (Merino, 2006, 47).

Esta posición tendrá que ser valorizada y analizada en los años venideros por el Congreso de la Unión ya que los mandos medios y superiores se constituyen en la estrategia viable para la inducción del cambio, es decir, en el elemento propulsor del proceso modernizador. A partir de esto, se hace patente la necesidad de focalizar la atención en el perfil de los nuevos cuadros que requiere la administración pública. El hacer mención a nuevos cuadros no se refiere tanto al cambio o sustitución de los mismos, sino al desarrollo de una nueva cultura del quehacer político-administrativo. Una cultura orientada al cambio y la innovación (Merino, 2006, p. 204).

Es así como, después de dos cambios de gobierno, 2006 y 2012, el Servicio Profesional de Carrera tendrá que buscar una consolidación por parte del gobierno en cuanto a la selección, capacitación y certificación de los servidores públicos; por parte de la sociedad, reconocer, exigir y reconocer a los trabajadores gubernamentales que día con día laboran con calidad y calidez en el servicio así como eficacia y eficiencia en sus encomiendas.

De esta manera la democracia vivida todos los días a través de la transparencia y la rendición de cuentas, será un paso fundamental en la innovación gubernamental. En este sentido, para Sergio López Ayllón, (Merino, 2006, p. 281) La democracia se ejerce plenamente sólo cuando existen ciudadanos capaces de exigir una adecuada rendición de cuentas, y funcionarios y políticos convencidos ética y políticamente de la necesidad de rendirla.

SPC, botín de políticos en turno

Después de las elecciones celebradas en julio de 2012, el ganador resultó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través de su candidato Enrique Peña Nieto quien en octubre del mismo año, fue ratificado por el Tribunal Federal Electoral para ostentar el cargo de Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Fue así como el PRI regresó a la silla presidencial de la cual los ciudadanos los habían retirado con el sufragio en el año 2000. Ahora, como sucede en cada gobierno, se establecerían nuevos rediseños institucionales importantes que redundarán en la aplicación de varios estándares, uno de ellos, el Servicio Profesional de Carrera.

Para el nuevo gobierno federal, es indispensable omitir la Secretaría de la Función Pública (SFP). Esta decisión es en cierta medida aleccionadora ya que dicha instancia durante años (desde 1982 en que fue creada) fue juez y parte de los gobiernos en turno al ser la instancia que investigara desvíos y malos manejos en la administración pública; digamos que, un ente intermedio entre el gobierno mismo y la Auditoría Superior de la Federación, aunque con facultades para castigar a quienes infringieran la ley y porqué no, también decirlo, resultaran  “incómodos” para los gobiernos.

Sin embargo, al ser la SFP la dependencia responsable del SPC, sería incomprensible la desaparición de este mandato. Al ser reubicadas sus facultades se tendrá que rediseñar nuevamente el proceder respecto a este sistema de selección. Este es buen momento para reafirmar los sistemas informáticos, de aplicación, de selección así como el blindaje de los exámenes y una mayor confianza en dichos procesos.

Los últimos dos gobiernos, es decir, el de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) significaron una agencia de colocación en diversos puestos, gran parte de ellos, en lo alto de las dependencias. Sin generalizar claro, los resultados fueron magros ya que las estructuras superiores en muchos casos estaban pobremente calificados para desempeñar los puestos para los que fueron designados (muchos de ellos vía Artículo 34).

Como ejemplo de lo anterior y previo a la inclusión de un SPC, tenemos un caso que suscitó polémica durante el sexenio del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), en el que la designación del entonces Secretario de Educación Pública, Dr. Fausto Alzati Araiza, se ostentó como Doctor emanado de la Universidad de Harvard cuando aun no lo era y con ello precipitó su renuncia. Esto no habría pasado con un SPC existente para los altos mandos y que fuera administrado por un órgano autónomo pero con facultades expresas independientes del propio gobierno.

Desde que inició el gobierno de la alternancia política en el año 2000, pronto comenzó una desbandada de un perfil de funcionarios que dejaban de ser, en muchos casos, los de ‘gran experiencia’ y entraban ahora los nuevos empresarios que darían un sentido gerencial a la Administración Pública Federal.

Así, de 2001 al 2002, de acuerdo con un estudio que realizó el Instituto Belisario Domínguez perteneciente al Senado de la República (Reforma, Enfoque, 2012, 14 de octubre) se habían creado cinco mil 321 nuevas plazas de mandos superiores en la Administración Pública Federal quedando así con 287 plazas de subsecretario de Estado y homólogos; 625 de director general; 886 de director general adjunto, y tres mil 523 de director de área.

En los 12 años que duraron las dos administraciones panistas, aumentaron exponencialmente los cargos en la burocracia:

	2001	2012
Subsecretarios y homólogos	169	456
Directores Generales	588	1,213
Directores Generales adjuntos	709	1,595
Directores de Área	2,711	9,498

Fuente: Tabla de elaboración propia con datos del diario Reforma, en: Núnez, Ernesto. “Habrá rediseño institucional”, Reforma, Suplemento Enfoque, 14 de octubre de 2012, p. 14-15

Si analizamos por dependencias, observamos que en aquéllas que fueron estratégicas para estos dos gobiernos emanados del PAN, su número se incrementó exponencialmente:

Dependencia	2001	2012	Incremento
PGR	135	875	548%
SSP	69	391	467%
STyPS	79	259	228%
Sedesol	149	449	201%
Sagarpa	194	531	174%
SRA	46	122	165%
Segob	458	1,071	134%
SE	192	447	133%
SHCP	617	1,425	131%
SCT	258	577	124%
Salud	175	371	112%
SEP	297	546	84%
Semarnat	528	749	42%
Sener	123	170	38%
Presidencia	171	215	26%
SFP	370	403	9%
SER	178	193	8%
Sectur	74	74	0%

Fuente: Instituto Belisario Domínguez del Senado y Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Núnez, Ernesto. “Habrá rediseño institucional”, Reforma, Suplemento Enfoque, 14 de octubre de 2012, p. 14-15

En una entrevista realizada en el 2012, César Camacho Quiroz, entonces presidente de la Fundación Colosio, declaraba: “Actualmente, de los 42 mil 402 puestos de la administración pública federal susceptibles de ser concursados mediante las reglas del Servicio Profesional de Carrera, 29 mil 972 están adscritos al servicio, según datos de la Secretaría de la Función Pública.

“Además de estas plazas regidas por servicio profesional, existen en el gobierno federal 6 mil 931 cargos de libre designación que, según funcionarios de la SFP, serán los primeros en salir con el cambio de gobierno”. (Reforma, Enfoque, 2012, p.15)

Estas estadísticas demuestran que el SPC se vuelve un proceso que puede ser manipulado y diseñado a modo por los gobiernos en turno. Ahora, se requiere atender las reformas necesarias para consolidar esta nueva visión de política laboral.

Los desafíos del SPC

El 21 de noviembre de 2012 el Senado de la República aprobó en Comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos (votando a favor los grupos parlamentarios del PRI y del PRD) la reforma a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la que se suprimirá la obligación de concursar ciertas plazas como son aquellas establecidas expresamente para directores generales, adjuntos, homólogos y su equivalente.

El nuevo gobierno seguirá disponiendo de los beneficios que de acuerdo a la Ley se tiene; la Ley del Servicio Profesional de Carrera en su artículo 34° menciona como excepción temporal al concurso abierto por causa de fuerza mayor o por ocupación necesaria para puestos de áreas sustantivas o estratégicas sin sujetarse al procedimiento de concurso establecido en la normatividad... (Mercado, 2012, p. 6).

El problema que se presenta no radica en cuántos espacios quedan disponibles para el nuevo gobierno –que visto desde un ángulo político este derecho podría ser justo-, sino que al crearse cada vez más y más espacios que no son regidos por el SPC, no existe una distinción clara entre unos funcionarios y otros. Si hablamos de productividad laboral, esto daña el aprendizaje y la continuidad del proceso implementado; no hay una consolidación, mucho menos prospectiva.

El englobar a los funcionarios designados en los mismos conceptos que se exigen a los servidores públicos de carrera será el primer gran reto para completar su instrucción; es decir, desenvolverse con apego a cuatro factores que son fundamentales en el desempeño institucional a saber (Merino, 2006, p. 125): 1) imparcialidad, 2) honradez, 3) eficacia y, 4) responsabilidad.

En tanto no se logre esto, continuaremos con deficiencias en las altas esferas de la administración pública federal que generan una cierta forma de corrupción si se entiende como tal también al allanamiento del espacio público que representan las libres designaciones para el SPC.

Mucho se ha hablado de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en nuestro país; son los temas rectores de las últimas administraciones. Ahora los entes están obligados a transparentar sus acciones y su aplicación del recurso de origen público así como a rendir cuentas y ser más productivos ante la ciudadanía; no obstante, si entendemos que las políticas de transparencia son propias de los gobiernos, ¿qué sucede cuando no se hacen así cada uno de los procesos implementados para su correcto funcionamiento como lo es el SPC? Sin duda esto también tendría que pensarse en el espectro de la generación y consolidación de la nueva política laboral que se desea.

Entre los temas que aun quedan pendientes y que creemos importante señalar para que el SPC pueda tener la confianza requerida hacia dentro con quienes concursan y hacia afuera con la sociedad, consolidándose como un auténtico instrumento fundado en la equidad, el mérito y la igualdad de oportunidades, será necesario atender y dar seguimiento a las siguientes aristas:

• Un mayor énfasis en los cursos de inducción al puesto.
• Convenios de colaboración con organizaciones ciudadanas y académicas interesadas en la correcta aplicación de los procesos (en parte se ha cumplido).
• SPC entendido como sinónimo de transparencia, igualdad, honestidad y efectividad (en parte se ha cumplido).
• En los servicios que recibe la ciudadanía por parte de servidores públicos, auténtica medición de los resultados así como de la atención; calidad, calidez, eficiencia y eficacia (en parte de ha cumplido).
• Cambiar la imagen que la sociedad tiene del servidor público (en parte se ha cumplido).

El gobierno actual no debe perder de vista que el fin último de todos los procesos implementados en la administración pública es el ciudadano. Es su punto de partida y su fin; a  él debe su existencia y su perfeccionamiento.

En este sentido, para el investigador Ricardo Raphael (Merino, 2006, p. 68): El respeto a los procedimientos de este régimen político, la provisión de bienes públicos y el reconocimiento de que la institución beneficiaria principal de su gestión es el ciudadano. Son las prácticas democráticas para la gestión de bienes públicos al servicio del ciudadano los pilares del contexto axiológico dentro del cual ha de concebirse al modelo de funcionario público mexicano.

Con este panorama general, abordamos algunos de los principales temas que tendrán que transformarse en pilares para la presente administración si no se desea una visión retrógrada para poder continuar avanzando en aras de la consolidación democrática del país.

Este es uno los nuevos retos que tendrá que enfrentar el nuevo presidente Enrique Peña Nieto y el Congreso de la Unión para el periodo 2012-2018 y demostrar que realmente esta administración será sensible a los problemas sociales así como a los generados al interior del propio gobierno.

Esperemos los resultados…

BIBLIOGRAFÍA

·        Arellano Gault, David, 2006,  ‘Los desafíos de una gestión pública meritocrática’ en Los Desafíos del Servicio Profesional de Carrera en México, Merino, Mauricio, CIDE-SFP, México.

·        Ávalos Bracho, Marcos, 2011, Transparencia y política de competencia,  IFAI, Cuadernos de transparencia, México, 49 pp.

·        Cabrero Mendoza, Enrique, 2006, ‘Los desafíos del cambio en las organizaciones gubernamentales’, en Los Desafíos del Servicio Profesional de Carrera en México, Merino, Mauricio, CIDE-SFP, México.

·        De la Madrid, Ricardo R. 2006, ‘Los desafíos de un nuevo modelo de funcionario público’ en Los Desafíos del Servicio Profesional de Carrera en México, Merino, Mauricio, CIDE-SFP, México.

·        Martínez Puón, Rafael, 2006, Alcances y resultados del Servicio Profesional de Carrera en México. Un ejercicio de evaluación a tres años de su implementación, CIDE Revista Gestión y Política Pública, WEB, http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XV_No.II_2dosem/Rafael_Martinez.pdf, consultado durante el mes de enero de 2013.

·        Mercado, Angélica y Brito, Omar, 2012, ‘Cesan a más de 4 mil funcionarios para abrir espacio a gente de Peña’, en Milenio, México, 22 de noviembre.

·        Merino, Mauricio, 2006, Los Desafíos del Servicio Profesional de Carrera en México. CIDE-SFP, México.

·        Michel, Elena, 2012, ‘PRI denuncia a PAN por reparto de plazas’ en El Universal, México, 22 de noviembre.

·        Núnez, Ernesto, 2012, ‘Habrá rediseño institucional’ en Reforma, Suplemento Enfoque, México, 14 de octubre.

·        Uvalle Berrones, Ricardo, 2006, ‘Los desafíos de una nueva visión administrativa’ en Los Desafíos del Servicio Profesional de Carrera en México, Merino, Mauricio, CIDE-SFP, México.

·        Vergara, Rodolfo, 2006, La Transparencia como problema, IFAI, Cuadernos de transparencia, México, 44 pp.

OTRAS FUENTES

·        Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

·        Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

·        Lineamientos para la Descripción, Evaluación y Certificación de Capacidades de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

·        Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera respecto la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 8 y se deroga  el inciso a) del artículo 5° de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal