MESA 3: RESCATE Y PROYECCIÓN DE LA NORMA CONSTITUCIONAL
EL DEVENIR CONSTITUCIONAL DE MÉXICO: DE LA NORMA A LA EJECUCIÓN PRÁCTICA
Por: Lic. David Alonso Figueroa Hernández
México, D.F. a 03 Marzo de 2006
A RBK, con el cariño
y gratitud de siempre
“La ley es la reina de todos:
mortales e inmortales”
Plutarco
Entrado el siglo XXI en el que la preocupación fundamental en nuestro país es el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales del ciudadano, el efectivo derecho de acceso a la información pública y por encima de todo ello, el respeto y reconocimiento a la otredad independientemente de la forma de pensar para llegar a acuerdos, pareciera que existe aún un desfase entre lo jurídico, lo político y la vida cotidiana de los mexicanos.
La Constitución mexicana de 1917, si bien la primera del mundo en tanto el reconocimiento social e inalienable de los derechos de los individuos, ha comenzado una etapa de transición ante la sociedad y ante la actual cúpula política. Algunas veces pareciera que a pesar de existir, se omite; en otras, se ignora y desprecia.
Si entendemos a la Constitución, independientemente del Estado al que aplique, como “una expresión ideológica, fundada en valores, jurídicamente organizada que descansa en una estructura socioeconómica”,[1] entonces habrá que realizar una valoración razonada de la misma y sobre su articulado.
Sin embargo, esta conceptualización aplicada a México, pareciera extraña, lejana e inexacta para una sociedad encasillada entre los planteamientos teórico-político-electorales de la apenas incipiente transición democrática que vivimos.
De acuerdo con el teórico Kelsen[2], en un Estado federal hay que distinguir tres elementos fundamentales:
a) la Constitución, que es válida en todo el territorio y en virtud de la cual se establece la unidad de todo el orden jurídico; es decir, el Estado federal se personifica en la Constitución;
b) el orden jurídico federal, y
c) el orden jurídico local.
No obstante, el debate aquí no se centra en el significado y estratificación sino en la interpretación, aunque tampoco habrá que perder de vista ésta última en términos jurídico-legislativos sino a mi modo de ver, en una aplicación real de la norma en los parámetros estrictos y apegados al marco de la propia Carta Magna.
No podemos aplaudir cuando extranjeros se inmiscuyen en temas de índole estrictamente nacional (recordemos las palabras de José María Aznar, la semana pasada) y el gobierno federal, que antes condenaba este tipo de prácticas como oposición, ahora las solapa o peor aún, a veces no aplica la ley en igualdad de circunstancias para toda la sociedad. No olvidemos que el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”. La inequidad de la ley y de la justicia para todos por igual, sigue siendo una de las grandes inconsistencias de este país.
En México lo que mayor daño a causado a lo largo de varias décadas es la falta de igualdad en términos de justicia pero sobretodo y por encima de todo, un correcto y estricto apego al marco jurídico que nos rige. No es casual que, como especifica el Doctor Salvador Nava Gomar al hablar de las constantes reformas al supremo ordenamiento de nuestro país evidencia un real consentimiento en la norma jurídica por estar al servicio de los intereses en turno:
“El total de reformas hechas a la Carta de 1917 es de 417, a eso aunamos las 154 fe de erratas y las 3 aclaraciones posteriores, cuestiones que dejan ver la escasa calidad y por tanto seriedad que ha tenido al menos buena parte del proceso de modificación de la ley suprema nacional, y lo que nos permite, aun a riesgo de caer en el simplismo, sentenciar que no todas las reformas constitucionales en México, a partir de 1917, han sido necesarias”.[3]
Cierto es que no todas las reformas han sido necesarias para la vida de nuestro país. Este dilema entonces plantea recientemente un debate entre políticos, legisladores, juristas y académicos en general: ¿Es necesario crear una nueva Constitución Política o en su defecto modificar ésta a fondo para evitar enmendaduras constantes que sólo minan el valor jurídico y el respeto a la misma?
Poco se ha comentado sobre iniciar un debate y analizar la viabilidad de la Constitución actual o si es de reconocer que el Estado mexicano requiere una nueva Carta Magna en la que se especifiquen con claridad los fundamentos que el mundo moderno exige a una sociedad.
“Uno de los peores defectos de la Carta Magna estriba en la falta de vinculatoriedad de buena parte de sus preceptos. Ejemplo claro es la protesta que rinde el Presidente entrante: Vicente Fox cambió el guión de la protesta y nada pasó. Cierto es que la propia Constitución prevé sanciones contra violaciones graves del presidente a la ley fundamental, aunque también lo es el hecho de que no especifica qué se entiende por “grave”. Este artículo, según lo demostró Fox, no deja de ser retórico y solemne. Por ciento, también demostró el presidente el escaso respeto a la máxima ley, cuestión que ha acrecentado la falta de normatividad de la Carta”[4]
Para algunos especialistas en derecho como Raúl Carrancá y Rivas y Juan Velásquez, no existió tal violación a la Carta Magna. El primero argumentó que “lo que haya salido del corazón o de la cabeza, no viola el artículo 87, porque no tiene condición de obligatorio”; el segundo académico acotó que “lo que la Constitución establece son mínimos y lo que quizás pudiera criticarse hubiesen sido algunas omisiones y no excedentes, agregando que el que la persona vaya más allá del contenido, el que diga palabras más de las que la Constitución como mínimo contiene es absolutamente legal”.[5] Al final, ambos tienen la razón pero mayor razonamiento tuvo el Doctor Nava al esclarecer el problema fundamental: qué se entiende por “violación grave”.
Ahora bien, si consideramos “desde un punto de vista axiológico, que la finalidad última de la interpretación constitucional es proteger y defender lo más valioso que existe para cualquier hombre: su libertad y su dignidad”[6], entonces nuestra Constitución se encuentra atrasada, vulnerada y actúa (aunque no teóricamente) en clara desprotección de un sector importante de la sociedad. Pero no es problema solamente de la redacción y aplicación de la Constitución misma sino de quiénes aplican y la interpretan a favor siempre del poderoso, del político en turno o del simple conocedor de los laberintos jurídicos. Si de porcentajes hablamos habrá que ver las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en tanto indígenas en prisión y periodistas vulnerados en su vida personal o en su labor cotidiana, sólo por poner un par de ejemplos concretos.
El debate en las esferas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial debiera centrarse, en caso de crear un nuevo ordenamiento, como lo especifica el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , José Ramón Cossío:
“...¿la nueva constitución determinaría el fin de la transición o sería el inicio de la misma?, ¿debe expedirse ahora o una vez que se logren ciertos consensos entre las fuerzas políticas y sociales?, ¿qué materias debe cubrir?, ¿debe expedirse una nueva o reformarse sustancialmente la que se encuentra en vigor?”.[7]
“...¿es posible que el Constituyente (en caso de aprobar su creación) permanente –el del artículo 135- lleve a cabo la modificación constitucional necesaria para posibilitar la integración de un congreso constituyente encargado de establecer una nueva constitución? En este caso, se trataría de, primero, modificar el texto en vigor utilizando los mecanismos que prevé a efecto de, segundo, establecer la existencia de un órgano que, con las debidas competencias, válidamente pudiera emitir una nueva Constitución”.[8]
Aunque ya se han comenzado a plantear someramente dilemas como el citado por el Ministro Cossío, primero habrá que valorar, replantear qué tan necesario sería modificar el texto constitucional para adecuarlo a las necesidades que la sociedad mexicana necesitará dentro de los paradigmas globalizantes, tecnológicos y políticos mundiales, o bien, crear un nuevo precepto que puntualice las pautas de una vida social y democrática aceptable, viable y apegada al Estado de Derecho, dicho sea de paso, que hoy deja mucho qué desear.
Con lo anterior, entramos a un nuevo esquema de discusión mencionado anteriormente: la correcta aplicación de la ley; la igualdad en términos de aplicación de justicia ¿Cómo hacer respetar la ley? ¿Cómo hacer más justa la ley?
En el primer tópico difícil resulta cuando la ley no la acata ni la autoridad ni la ciudadanía; se ha vuelto en términos vagos, artificial, superflua e ineficiente, resultado por un lado de una incorrecta aplicación comenzando por el propio Estado-gobierno como de la sociedad que al ver que las esferas políticas y conducentes de este país, no la respetan y se dice a sí misma: ¿Para qué la respeto yo? “si ellos no lo hacen, yo tampoco”. Esto resulta en anarquía y un completo desorden social resultado de la desobediencia al Estado de Derecho.
Por un lado, el Estado no está funcionando como debiera, ya no es el garante de la seguridad de los individuos. No se trata aquí de reprimir –como fuera la constante en décadas pasadas- pero sí, de hacer respetar el Estado de Derecho, es decir, hacer cumplir la ley “Comenzando por el Presidente de la República ”, como lo dijera el entonces gobernador con licencia de Guanajuato, Vicente Fox, cuando comenzó su carrera rumbo a la Presidencia en 1997.
El Estado ha dudado en la correcta aplicación de la ley cuando de la seguridad pública de los ciudadanos se refiere. El gobierno no aplica el derecho en aras de una condena social, “siempre respeta los derechos humanos y de manifestación”, se dice, y de un cobro de facturas que se reflejarían en las urnas en los procesos electorales. La justicia se ha vuelto no sólo selecta, también aleatoria cuándo debe y cuándo no debe aplicarse.
Por otro lado, para la ciudadanía –es decir quiénes cumplen jurídicamente con los requisitos que el Estado faculta para serlo-, que por ignorancia u omisión, no interesa el forjar una correcta educación jurídica, basta ver cuántos de nosotros no sólo no acatamos la Constitución, sino leyes secundarias, reglamentos y códigos; la vida cotidiana nos da muchos ejemplos de lo que estamos hablando. Gran reto tenemos los mexicanos en años venideros.
Más allá de los intereses políticos en turno (válidos en el juego de lo político), debiéramos hacer que las reformas a la Carta Magna no sean ajenas a la sociedad; en caso de debatir y llegar a la conclusión de crear una nueva Constitución, ésta debiera ser novedosa y actual no sólo con los temas mundiales sino con los problemas internos que caracterizan a nuestro país y que no sólo denotan una clara sociedad de espectáculo de la política sino que quienes violen la ley realmente sean castigados con todo el peso de la misma. Basta ya de no hacer respetar las garantías individuales que contempla nuestra Carta; basta ya de que el Estado no ejerza la ley; basta de Atencos y de personas linchadas públicamente; ya no queremos otro San Juan Ixtayopan. Reflexionemos nuestra realidad ¿Dónde ha quedado nuestro Estado de Derecho? Seamos partícipes de la vida político-jurídica que vivimos para contribuir realmente a la transición democrática; un Estado sin derecho, no puede ser más que un cúmulo de personas en un afán de sobrevivencia a través de la ley del más fuerte.
Discutir si debemos o no tener otro marco normativo o reformar lo que tenemos, es importante, sí; pero lo es más respetar lo que tenemos ahora consintiendo siempre que “el derecho consiste en la libertad de hacer o de omitir, mientras que la ley determina y obliga a una de esas dos cosas”.[9]
En una sociedad, compleja como la nuestra, la mexicana, el estar fuera de la ley representa una constante, más allá de exigir nuevos ordenamientos. No es casual que Héctor Aguilar Camín nos exprese:
“La legalidad es quizá la propuesta más difícil de cumplir porque la legalidad es una de las grandes asignaturas pendientes de la vida pública de México ¿por qué? porque llevamos décadas viviendo en esa ilegalidad rutinaria; hay millones de mexicanos que viven en y de la ilegalidad...hay funcionarios, cultura política, actitudes en la opinión pública de perdonar la ilegalidad por razones sociales...parte de nuestra cultura política es esta ilegalidad como entre construida de no respetar la ley de podérsela saltar cuando te la puedes saltar; de que la ley sea para los demás y no para ti, seas una persona, una empresa, una familia. Esta es la asignatura fundamental; hay que refundar al país otra vez de arriba-abajo completo”.[10]
En otro orden de ideas, el papel del Poder Judicial ha sido a últimas fechas más efectivo. Recordemos cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) era sólo un “Poder sin decisión”, cuando era un “árbitro sin silbato” debido a las contundentes decisiones metaconstitucionales del Poder Ejecutivo, de ese presidencialismo que jurídicamente aún nos cobija. En esta nueva dinámica de la alternancia en el poder y de una incipiente transición democrática, la Suprema Corte se ha convertido en un Poder Judicial más participativo y que toma decisiones mucho más razonadas sobre la materia que le aqueja, lo jurídico.
Sin embargo, debajo de esta esfera, en las Salas de Distrito, en los Ministerios Públicos, en los Juzgados Cívicos, aún falta una mayor descentralización, un mayor profesionalismo, eficacia y resultados concretos.
Ahora que es tiempo electoral, exijamos posiciones concretas a los candidatos a puestos públicos, ¡exijámosles también cumplir y hacer cumplir la ley! porque entonces de poco o nada habrán valido tantos años de sacrificio para aquéllos quienes depositaron su vida misma en visualizar una sociedad mexicana ordenada y en armonía, democrática y libre.
Vamos pues, en los próximos años, a cambiar juntos esta disyuntiva de no acatamiento a la ley, ya que sin darnos cuenta los únicos perjudicados en este ejercicio será nuestro país, nosotros mismos y nuestros hijos.
Muchas Gracias
BIBLIOGRAFÍA:
· AGUILAR Camín, Héctor. Diálogos por México. Televisa, 2005, grabado el 19 de enero de 2006 y transmitido el 25 de febrero de 2006.
· CARPIZO McGregor, Jorge. Diccionario Jurídico Mexicano, México, UNAM-Porrúa, 1989.
· Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
· COSSÍO, D. José Ramón. Cuestiones Constitucionales. ¿Cómo tener una nueva constitución? Este País, Número 115, octubre de 2000.
· FIGUEROA, David. El Sexenio de la Alternancia. Logros y Metas Incumplidas. 2000-2006. Inédito.
· HOBBES, Thomas. Leviatán o la materia, forma y poder de una República Eclesiástica y Civil. México, FCE, Novena reimpresión, 1998.
· MONTESQUIEU. Del Espíritu de las Leyes. México, Porrúa, 1992.
· NAVA Gomar, Salvador. Dinámica Constitucional: entre la interpretación y la reforma. La encrucijada mexicana. México, Estudios Constitucionales, IIJ-Universidad Anáhuac-Miguel Ángel Porrúa, 2003.
[1] VERDÚ, Lucas. La Constitución en la encrucijada. Palingenesia iuris politici. Madrid, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 1994, en NAVA Gomar, Salvador. Dinámica Constitucional: entre la interpretación y la reforma. La encrucijada mexicana. México, Estudios Constitucionales, IIJ-Universidad Anáhuac-Miguel Ángel Porrúa, 2003, p. 22
[2] KELSEN, H. Teoría General del Estado, México, UNAM, 1965, p. 262, en NAVA Gomar...Íbidem, p. 103
[3] Íbidem, p. 258. Las cursivas están como en su texto original.
[4] Íbidem, p. 113
[5] TEHERÁN, Jorge y Torres, Mario. “Acusan diputados de PRI y PRD a Fox de violar la Constitución”, El Universal, 2 de diciembre de 2000p. A6, en FIGUEROA, David. El Sexenio de la Alternancia. Logros y Metas Incumplidas, 2000-2006. Inédito.
[6] CARPIZO McGregor, Jorge. Interpretación Constitucional, en Diccionario Jurídico Mexicano, México, UNAM-Porrúa, 1989.
[7] COSSÍO, D. José Ramón. Cuestiones Constitucionales. ¿Cómo tener una nueva constitución? Este País, Número 115, octubre de 2000, p. 25
[8] Íbidem, p. 29. Las cursivas entre paréntesis son nuestras.
[9] HOBBES, Thomas. Leviatán o la materia, forma y poder de una República Eclesiástica y Civil. México, FCE, Novena reimpresión, 1998, p. 106.
[10] AGUILAR Camín, Héctor. Diálogos por México. Televisa, 2005, grabado el 19 de enero de 2006 y transmitido el 25 de febrero de 2006.
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