¿Focos rojos en el campo mexicano?

Por David A. Figueroa Hernández

Al hablar del campo nacional referimos un sector que si bien ha destacado logros importantes durante la última década del siglo pasado y la primera del que comienza, permanece aún en un estado de indefensión que las últimas administraciones sexenales han tratado de aminorar y, a la fecha, continúa como una arista que reclama atención y soluciones de corto, mediano y largo plazos.

De acuerdo con el programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), México cuenta con un territorio nacional compuesto por 198 millones de hectáreas de las que 145 se dedican a la actividad agropecuaria. De ellas, cerca de 30 millones de hectáreas corresponden a tierras de cultivo y 115 millones son de agostadero; dentro de este universo, 45.5. millones de hectáreas refieren a bosques y selvas, otro patrimonio nacional.

En el campo mexicano vive cerca de la tercera parte de la población total nacional y es ahí donde la pobreza se agudiza de forma importante; cerca de 17 millones se encuentran en pobreza y de ellos, seis millones resultan en pobreza extrema; de igual forma, 8.9 millones de habitantes padecen un rezago educativo importante. Pareciera paradójico que mientras el campo produce un alto índice de la alimentación de los mexicanos, es ahí donde exista mayor nivel de desigualdad, pobreza y bajos índices educativos (no es de extrañar que sea aquí donde vivan la mayoría de los habitantes mexicanos hablantes de lenguas indígenas).

A inicios del año, la Sagarpa anunció que el monto asignado a dicha dependencia ascendía a 82 mil 900.4 millones de pesos, de ellos, 69 mil 783.9 millones de pesos estaban destinados a programas agropecuarios y pesqueros; cinco mil 638.1 millones de pesos a programas de educación e investigación y siete mil 388.4 millones de pesos en gastos de operación, sólo por mencionar las principales asignaciones.

Sin embargo, un sector que mereciera especial atención cuando referimos al campo mexicano, es el de las universidades y centros de investigación; aquí, para este 2014, están destinados cinco mil 638.2 millones de pesos entre los colegios de Postgraduados Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO), la Universidad Autónoma de Chapingo y los Institutos Nacionales de Pesca (Inapesca) y de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap).

De igual forma, al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria se le invertirán cinco mil 143 millones de pesos; y al de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación tres mil 11 millones de pesos.

Pese a esta inversión, resulta increíble que el campo mexicano aún posea rezagos sustanciales derivados de varias décadas producto de la desatención así como de ventajosas medidas comerciales para competir con otros países. Ejemplo de ello, lo tenemos con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, en el que nuestro país ha tenido que adecuarse a las reformas arancelarias y en la mayoría de los casos, nuestros agricultores no cuentan con una equitativa competencia frente a los industriales de los colosos del norte. A veinte años de la entrada en vigor de este Tratado, México es el país que ha sido menos beneficiado y en lo individual, nuestros productores sufren más con los estándares internacionales requeridos.

En México aún no se ha generalizado el uso de la tecnología más avanzada para la producción, los créditos fluyen a cuentagotas con enormes intereses a largo plazos y cada vez dependemos más de las importaciones ya que gran parte del mejor producto resulta en las exportaciones de frutas, verduras, carne (roja o blanca) y hasta leguminosas. Es necesario que se invierta fuertemente en tecnología de riego y de incentivación económica que haga del campo un sector más productivo ya no solo en el occidente sino a lo largo y ancho del país; debe existir certidumbre en los programas agroindustriales y ganaderos; que la especulación desaparezca y la corrupción se condene y castigue. Certeza en los productores mexicanos.

Las últimas administraciones no han centrado su atención en problemas fundamentales además de la inversión tecnológica, tales como: el índice de desempleo y seguridad social en el campo mexicano; la pobreza generada por el alza de precios en alimentos y; la migración de millones de personas del campo a las ciudades en busca de una mejor calidad de vida, muchas veces nunca encontrada y que sí genera mortandad y miseria. Estos factores se han acrecentado con el paso del tiempo.

Los retos son muchos para la presente administración (2012-2018) y el campo mexicano no requiere discursos que conlleven más sufrimiento y pobreza. Sin duda alguna, el programa denominado “Cruzada Nacional contra el Hambre” presentado por el Presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, busca aminorar esta situación en zonas rurales y urbanas con pobreza extrema a lo largo del país, pero es una acción momentánea y de corto plazo, mediática, que no resulta en una salida permanente a la situación de muchas zonas agrícolas que no pueden más.

Estamos a buen tiempo de resarcir lo que podría ser un problema irreversible para las próximas generaciones; es necesario apostar por el pequeño y mediano productor, incentivarlo y apoyarlo económica y tecnológicamente para que pueda tener un desarrollo pleno y equitativo para trabajar su mercancía y competir en igualdad de circunstancias con otros productores nacionales o extranjeros.