DESARROLLO DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS OIC (COFECE, IFT, INAI)
Por David A. Figueroa Hernández
Para iniciar esta serie de espacios en torno a temas relevantes respecto a la Transparencia, Datos Personales y Acceso a la Información Pública en nuestro país, es necesario apuntar que desde junio del año 2002, cuando fue publicada la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se han realizado importantes avances en estas disciplinas.
No obstante lo anterior, hoy 2017, el camino que falta por recorrer aún es largo y solamente será positivo para los sectores sociales en cuanto consideren su derecho humano de acceso a la información, es decir, en tanto solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información en torno a estos temas.
Dicho lo anterior, estos últimos meses nos hemos encontrado en una nueva conformación para delimitar un inédito esquema denominado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), donde se tratará de acotar el mal endémico de la corrupción tanto en los ordenamientos legales como en la práctica cotidiana de impunidad, que dicho sea de paso, ha agobiado a nuestro país durante las últimas décadas derrochando miles de millones de pesos en su perverso y maniqueo juego, y que según estudios tanto nacionales como internacionales no han permitido un avance sustantivo en materia de administración pública y gobernanza.
En este sentido, algunas estructuras de la administración pública federal, estatal y municipal, serán reorganizadas y su configuración reflejará avances (así lo esperamos todos) en torno a disminuir cada vez más la corrupción e impunidad en los diferentes niveles burocráticos para responder mejor a las expectativas que la sociedad espera de sus gobiernos y de sus gobernantes.
Es por ello que uno de estos esfuerzos ha sido transparentar procesos para algunos de los puestos más importantes dentro de la administración pública federal y que, anteriormente, eran designados por los mismos titulares de las dependencias donde la oscuridad de su elección quedaba en el limbo para la sociedad; estamos hablando de los procesos de designación por parte de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía y que ejercen recursos públicos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
De esta forma, en apego a los Artículos Segundo y Tercero Transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se formuló el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) correspondiente al 27 de enero de 2017 y del cual, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presentara dicho Acuerdo ante el pleno legislativo en su Sesión Ordinaria del 28 de abril de 2017 y que fuera publicado en el DOF el 9 de mayo del presente. Una vez pública la convocatoria ante la sociedad, las personas interesadas y que cumplieran con los requisitos establecidos en la misma, pudieron registrarse y presentar su propuesta de trabajo para ocupar la titularidad de alguno de los Órganos Internos de Control en juego:
1. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI);
2. Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE);
3. Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
En un hecho inédito tanto para la Cámara de Diputados como a nivel nacional, el resultado de este proceso giró en torno a 68 expedientes de aspirantes; algunos para ocupar la titularidad de un organismo con autonomía, otros, aspirando a dos de ellos e incluso a tres. En este sentido, la convocatoria no estableció obstáculo alguno para hacerlo de manera simultánea.
En este proceso, la Cámara de Diputados a través de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción así como de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, presididas por los diputados Rogerio Castro Vázquez (Morena) y Luis Maldonado Venegas (PRD), acordaron una agenda en Sesión Permanente para que cada aspirante pudiese comparecer ante dichas instancias los días 12, 13, 19 y 20 de junio del presente.
A lo largo de dichas comparecencias, cada aspirante contó con una participación de diez minutos para exponer su proyecto de trabajo, justificar su idoneidad así como dar un análisis sobre los retos y alcances de las diferentes leyes anticorrupción en los Órganos Internos de Control. Posteriormente, los grupos parlamentarios formularon sus planteamientos.
El trabajo realizado en torno al legislativo federal, resultó una muestra fehaciente que cuando se desea trabajar en aras de un proyecto conjunto se pueden desahogar las agendas nacionales; ejemplar resultó el trabajo de parte de todas las bancadas legislativas y por supuesto, de los diputados y asesores que tuvieron un papel imprescindible en este inédito proceso de designación de titulares de los OIC de los organismos con autonomía.
Al día de hoy, los expedientes que aún se revisan exhaustivamente por parte de las Comisiones Unidas a la par con la Junta de Coordinación Política de la Cámara citada, resultan en los que cumplen fehacientemente con los requisitos esgrimidos en la convocatoria, además de la experiencia necesaria para este tipo de puestos dentro de la administración pública federal.
¿Qué podemos esperar de los resultados finales? Que la Cámara de Diputados designe a los mejores hombres y mujeres que deban ocupar dichos escaños y que cada proceso que transite por el recinto de San Lázaro, sea transparente, televisado por el Canal del Congreso (como se realizó éste), analizado y se resuelva de cara a la sociedad, de lo contrario, este proceso podría significar una simulación más ante la ciudadanía y que no debería permitirse debido al grado de responsabilidad y legitimidad de las instituciones involucradas así como de los futuros funcionarios designados.
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