HABEAS DATA / 25 Septiembre de 2017

EL DERECHO DE LA INCLUSIÓN DIGITAL PARA TODOS


Por David A. Figueroa Hernández


El mes de septiembre se ha convertido sin duda alguna en un mes lamentable en la historia contemporánea de nuestro querido México. El pasado día 7 del mes citado, varias entidades de la república, entre ellas Oaxaca, Chiapas y Tabasco, sufrieron el golpe devastador de un sismo que cambiaría el rostro de muchas comunidades, principalmente del Istmo de Tehuantepec.

Por si ello fuera poco, la semana pasada, el 19 de septiembre, recordado por todos en referencia al sismo de 1985, otro movimiento telúrico dejó perores secuelas al afectar los estados de Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Estado de México, Guerrero y la capital, la Ciudad de México.

En ambos sismos, lo más lamentable resulta la muerte de cientos de personas por encima de las pérdidas materiales. No obstante, es imprescindible aceptar que hemos avanzado en cuanto a organización tanto del gobierno como de la sociedad civil, así como en tecnología que, a 32 años de aquél sismo de 1985, no se contaba, ni con uno ni con otro.

Es importante recordar que nuestro país es azotado por diversos elementos naturales; su situación geográfica resulta una posición compleja ya que, por mar, tanto por el Pacífico como por el Atlántico, es azotado por tormentas tropicales, huracanes y depresiones tropicales importantes. Por otro lado, haciendo referencia a los párrafos anteriores, se encuentra sobre diversas placas tectónicas importantes. Todo ello, nos recuerda lo vulnerables que somos ante la naturaleza.

En esta tesitura, resulta preponderante que el gobierno federal puntualice acciones importantes y no mediáticas de desarrollo en cada estado de la república, principalmente en las entidades que fueron afectadas por ambos terremotos aunque de sobremanera en aquéllos que poseen un mayor rezago económico-social y que fueron víctimas del primer sismo de septiembre como son Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

De acuerdo con un comunicado publicado en días pasados por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), apoyado en datos recabados del Banco de Información de Telecomunicaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se hace alusión que al primer trimestre de 2017, Oaxaca apenas contaba con 54 dispositivos móviles por cada 100 habitantes; Chiapas tenía 59 y Tabasco 74. El promedio nacional ronda en un margen de 91 dispositivos. Asimismo, la teledensidad de telefonía fija -menciona el comunicado- era de 20, 16 y 19 líneas por cada 100 hogares, respectivamente; el promedio nacional era de 60. Veamos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo por mencionar la norma principal, menciona en su artículo 6°, inciso B, fracciones I y V lo siguiente:

I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.
[…]
V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.
[…]


Por otra parte, en la misma Carta Magna, el artículo 28 en su párrafo décimo sexto menciona:

[…]
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes.
[…]

Aunado a lo anterior, también la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo 15°, fracción XXXI, menciona claramente:

[…]
XXXI. Realizar las acciones necesarias para contribuir, en el ámbito de su competencia, al logro de los objetivos de la política de inclusión digital universal y cobertura universal establecida por el Ejecutivo Federal; así como a los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y los demás instrumentos programáticos relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones;
[…]

Ahora bien, ¿por qué retomamos la exigencia que hace la AMEDI? Sencillamente porque si hablamos de que estos estados (Chiapas, Oaxaca y Tabasco) fueron los más afectados tras el terremoto del día 7 de septiembre, también muestran una carencia en términos digitales por obvias razones, es decir, la falta de conectividad o de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión pueden representar la diferencia entre salvar vidas o admitir desgracias.

En este sentido y ante las distintas calamidades que azotan regularmente a nuestro país, es importante que el gobierno federal a través de los diferentes organismos e instituciones involucradas, atiendan las exigencias sociales y más aún, cuando la urgencia se encuentra localizada en las comunidades más pobres. El discurso de atención y de programas loables como el DN-III se ven rebasados en los momentos de contingencia debido a esta falta de atención en las responsabilidades institucionales. Continuamos atendiendo después de la tragedia y no prevenimos que lo hecho responsablemente puede ayudar a salvar vidas.

Se requieren inversiones adicionales en materia de infraestructura en telecomunicaciones para que en caso de este tipo de fenómenos, los servicios se restablezcan lo antes posible y que los millones de personas que viven en ellos, puedan tener comunicación ya sea para solicitar ayuda o para llevarla a quienes más lo necesitan.

Por otra parte, la AMEDI también hizo hincapié en la consulta pública, hasta ahora pospuesta, acerca del Protocolo de Comunicaciones de Emergencia correspondiente al primer trimestre de 2017, cuyo objetivo de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo 2017 del IFT dice a la letra: “el objetivo es regular la transmisión de mensajes en situaciones de emergencia de forma ordenada y homogeneizada por parte de los concesionados de telecomunicaciones y radiodifusión en coordinación con las instituciones y autoridades de protección civil”.

Es decir, ¿por qué en la Ciudad de México se restablecen lo antes posible las telecomunicaciones? Sin duda por ser el centro medular del país y contar con la infraestructura que la cotidianidad requiere. ¿Por qué tienen que pasar días o semanas para que los estados más pobres del país puedan tener conectividad y que el gobierno federal atienda las emergencias que pudo prevenir con la infraestructura debida en esta materia?

Para todos los mexicanos pero sobre todo para el gobierno federal, estos sismos lamentables que vivimos deben ser ejemplo para permitir la homogeneidad de los servicios a todas las comunidades y estados por igual, sin distingos; que las inversiones adicionales en materia de redes e infraestructura para operarlas sean una realidad para todos los habitantes. Ese es un derecho inalienable por el simple hecho de ser mexicano.