LA SCJN OBLIGA AL LEGISLATIVO A EMITIR LEY EN GASTO DE PUBLICIDAD OFICIAL
Por David A. Figueroa Hernández
En este mismo espacio, en la entrega anterior, habíamos anunciado que el 15 de noviembre sería votado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto de procedencia respecto a un amparo interpuesto por la organización Artículo 19, donde se acusaba de omisión al Poder Legislativo para elaborar la ley que debía regular el reparto de dinero concerniente a la publicidad oficial.
Así, el ministro Arturo Zaldívar presentó dicho proyecto ante la máxima institución jurídica del país y se decidió, por cuatro votos a favor y uno en contra, la obligación del Poder Legislativo para emitir antes del 30 de abril de próximo año, la ley concerniente para regular el gasto en publicidad oficial, restringiendo de manera indirecta, la libertad de expresión. Bien vale la pena retomar que la publicidad oficial se ha manejado de manera discrecional por parte del gobierno federal durante cada una de las administraciones.
Este hecho sin duda marca un precedente importante en cuanto hacer valer el estado de Derecho, ya que por un lado, incluye a los Poderes de la Unión a no permanecer fuera de la ley; mientras que por otro, se restringirá el caudal millonario que las diversas instituciones federales realizan, muchas veces, sin una cuidada reglamentación de contratación y de efectividad.
Anteriormente habíamos expuesto aquí que tan solo en cuatro años, únicamente la Presidencia de la República había erogado (según una solicitud de información) un total de $132,847,741.88 (ciento treinta y dos millones, ochocientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y un pesos 88/100), lo que, para efectos reales, representa un agravio al pueblo de México, más aún, cuando las circunstancias actuales no están dadas económicamente para dichos dispendios.
En este marco, la sentencia referida clarifica que el Congreso de la Unión ha sido omiso en atender lo que marca el artículo 8 transitorio de la reforma aprobada en febrero de 2014 y que deriva de un amparo tratado por un juez federal en materia administrativa en la Ciudad de México bajo el argumento de no ser procedente por no aplicar para temas “político electorales”. Ante ello, la organización Artículo 19 pidió a la SCJN atraer el caso y en agosto de 2015, la Primera Sala consideró que existían los elementos suficientes para que el caso fuese analizado por el Pleno de la misma instancia.
De acuerdo con información manejada a través de un comunicado, la SCJN aseguró ante la omisión del Poder Legislativo: “viola la libertad de expresión, de prensa y de información. Este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes”.
También sentencia: “La ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión”.
Sabemos de antemano que el 2018 será un año complicado en muchos sentidos, además con tintes electorales, que sin duda, se buscarán mecanismos turbios para desviar dinero público de partidas presupuestadas a las campañas electorales; además, tendremos, como ciudadanos, que soportar las carretadas de spots en radio, televisión, anuncios en prensa y ahora también por internet, de miles de campañas que más allá de propuestas viables y argumentos reales, solo servirán para dilapidar el dinero de los contribuyentes.
Sin embargo, no podemos echar las campanas al vuelo ante esta sentencia. Los ciudadanos deberemos estar a la expectativa para observar cuidadosamente la redacción de la propia ley así como de su cabal cumplimiento en la práctica. Al ser el 2018 un año electoral, debemos esperar cualquier argucia legaloide o bien de aplicación por parte de las instituciones federales.
Sin duda alguna es un primer paso y esto demuestra que la sociedad organizada apoyada por organizaciones capaces, siempre tendrán una voz, aunque muchos no quieran escuchar o no estén de acuerdo, tendrán que apegarse al marco jurídico, sólo así, tendremos un irrestricto cumplimiento de la ley en un país que pareciera se nos sale de las manos ante tanta negligencia gubernamental y en ocasiones, también social.
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