GRACIAS A LICITACIÓN PÚBLICA YA EXISTEN NUEVAS ESTACIONES DE RADIO EN MÉXICO
Por David A. Figueroa Hernández
El pasado 26 de noviembre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio a conocer los resultados finales de la licitación No. IFT-4 de frecuencias para estaciones de radio AM y FM (Comunicado 151/2017), donde por primera vez en nuestro país, se transparenta mediante licitación pública, todo el proceso de otorgamiento de frecuencias.
En este marco, el IFT confirmó el último pago en tiempo de la contraprestación por el uso, aprovechamiento y explotación comercial de 257 frecuencias de radio por 20 años. Así, el próximo año, se añadirán 141 estaciones de radio al espectro nacional en diversas entidades de la república (27 en AM y 114 en FM).
Este proceso resulta importante debido a que anteriormente estos procesos de licitaciones del espectro nacional eran oscuros y con muchas dudas en torno al otorgamiento de las mismas; de igual manera, los montos eran desconocidos y no eran públicos, lo que sin duda generaba bastantes preguntas no solamente entre los competidores sino entre la sociedad en general.
En esta ocasión y mediante un comunicado en su página web, el IFT hizo pública la siguiente información:
"Durante este proceso, los participantes ganadores entregaron a la Tesorería de la Federación un total de $954’912,000.00 (novecientos cincuenta y cuatro millones, novecientos doce mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de las contraprestaciones pagadas por las 141 frecuencias asignadas".
Asimismo, el propio IFT hizo público el número de participantes que no reunieron los requisitos necesarios:
"El Instituto descalificó a un total de 22 participantes por 97 frecuencias, lo que implicó la ejecución de las garantías de seriedad correspondientes por un monto de $64’592,000.00 (sesenta y cuatro millones, quinientos noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.). Conforme a lo anterior, el monto total recaudado para el Estado Mexicano derivado de esta licitación asciende a $1,010’504,000.00 (Mil diez millones, quinientos cuatro mil pesos 00/100 M.N.)".
Bien vale la pena resaltar que este proceso arrojó otros números importantes:
• 421 manifestaciones de interés (189 personas físicas y 232 personas morales).
• 208 interesados que entregaron información autenticada con FIEL (67 personas físicas y 141 personas morales).
• 167 interesados a los que fue entregada Constancia de Participación (50 personas físicas y 117 personas morales; una persona moral no cumplió requisitos para recibir Constancia).
• 254 interesados que no recibieron Constancia de Participación (213 interesados no autenticaron su información o documentación con su FIEL; 41 interesados no cumplieron uno o más requisitos para obtener Constancia de Participación).
• 141 Número Total de Frecuencias con pago de contraprestación y otorgamiento de título de concesión de espectro radioeléctrico (114 de FM y 27 de AM).
• Monto de pago de contraprestaciones: $954’912,000.00 (AM: $106’062,000.00 y FM: $848’850,000.00).
El año pasado, el IFT dio a conocer que en nuestro país existían un total de mil 750 estaciones de radio: 401 estaciones de AM y mil 349 estaciones de FM. A este número se sumarán las 141 como resultado de este proceso de licitación pública, lo que sin duda permitirá una mayor participación de nuevas empresas y el fortalecimiento de algunas otras ya existentes.
Finalmente, si bien es cierto que la transparencia y legalidad fortalecerán la competencia en este tipo de procesos, también es una realidad que continúan existiendo otro tipo de estaciones menos favorecidas como son las indígenas, las comunitarias y las experimentales, todas ellas sin un apoyo estatal o privado contundente que les permita sobrevivir y competir en igualdad de condiciones, muy a pesar del número de radioescuchas que poseen. Es aquí donde se requieren esfuerzos mayores para buscar los mecanismos legales que les permitan el fomento y funcionamiento sino en igualdad de circunstancias, sí en igualdad de apoyos estatales y municipales.
lunes, 11 de diciembre de 2017
HABEAS DATA / 20 de Noviembre de 2017
LA SCJN OBLIGA AL LEGISLATIVO A EMITIR LEY EN GASTO DE PUBLICIDAD OFICIAL
Por David A. Figueroa Hernández
En este mismo espacio, en la entrega anterior, habíamos anunciado que el 15 de noviembre sería votado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto de procedencia respecto a un amparo interpuesto por la organización Artículo 19, donde se acusaba de omisión al Poder Legislativo para elaborar la ley que debía regular el reparto de dinero concerniente a la publicidad oficial.
Así, el ministro Arturo Zaldívar presentó dicho proyecto ante la máxima institución jurídica del país y se decidió, por cuatro votos a favor y uno en contra, la obligación del Poder Legislativo para emitir antes del 30 de abril de próximo año, la ley concerniente para regular el gasto en publicidad oficial, restringiendo de manera indirecta, la libertad de expresión. Bien vale la pena retomar que la publicidad oficial se ha manejado de manera discrecional por parte del gobierno federal durante cada una de las administraciones.
Este hecho sin duda marca un precedente importante en cuanto hacer valer el estado de Derecho, ya que por un lado, incluye a los Poderes de la Unión a no permanecer fuera de la ley; mientras que por otro, se restringirá el caudal millonario que las diversas instituciones federales realizan, muchas veces, sin una cuidada reglamentación de contratación y de efectividad.
Anteriormente habíamos expuesto aquí que tan solo en cuatro años, únicamente la Presidencia de la República había erogado (según una solicitud de información) un total de $132,847,741.88 (ciento treinta y dos millones, ochocientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y un pesos 88/100), lo que, para efectos reales, representa un agravio al pueblo de México, más aún, cuando las circunstancias actuales no están dadas económicamente para dichos dispendios.
En este marco, la sentencia referida clarifica que el Congreso de la Unión ha sido omiso en atender lo que marca el artículo 8 transitorio de la reforma aprobada en febrero de 2014 y que deriva de un amparo tratado por un juez federal en materia administrativa en la Ciudad de México bajo el argumento de no ser procedente por no aplicar para temas “político electorales”. Ante ello, la organización Artículo 19 pidió a la SCJN atraer el caso y en agosto de 2015, la Primera Sala consideró que existían los elementos suficientes para que el caso fuese analizado por el Pleno de la misma instancia.
De acuerdo con información manejada a través de un comunicado, la SCJN aseguró ante la omisión del Poder Legislativo: “viola la libertad de expresión, de prensa y de información. Este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes”.
También sentencia: “La ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión”.
Sabemos de antemano que el 2018 será un año complicado en muchos sentidos, además con tintes electorales, que sin duda, se buscarán mecanismos turbios para desviar dinero público de partidas presupuestadas a las campañas electorales; además, tendremos, como ciudadanos, que soportar las carretadas de spots en radio, televisión, anuncios en prensa y ahora también por internet, de miles de campañas que más allá de propuestas viables y argumentos reales, solo servirán para dilapidar el dinero de los contribuyentes.
Sin embargo, no podemos echar las campanas al vuelo ante esta sentencia. Los ciudadanos deberemos estar a la expectativa para observar cuidadosamente la redacción de la propia ley así como de su cabal cumplimiento en la práctica. Al ser el 2018 un año electoral, debemos esperar cualquier argucia legaloide o bien de aplicación por parte de las instituciones federales.
Sin duda alguna es un primer paso y esto demuestra que la sociedad organizada apoyada por organizaciones capaces, siempre tendrán una voz, aunque muchos no quieran escuchar o no estén de acuerdo, tendrán que apegarse al marco jurídico, sólo así, tendremos un irrestricto cumplimiento de la ley en un país que pareciera se nos sale de las manos ante tanta negligencia gubernamental y en ocasiones, también social.
Por David A. Figueroa Hernández
En este mismo espacio, en la entrega anterior, habíamos anunciado que el 15 de noviembre sería votado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto de procedencia respecto a un amparo interpuesto por la organización Artículo 19, donde se acusaba de omisión al Poder Legislativo para elaborar la ley que debía regular el reparto de dinero concerniente a la publicidad oficial.
Así, el ministro Arturo Zaldívar presentó dicho proyecto ante la máxima institución jurídica del país y se decidió, por cuatro votos a favor y uno en contra, la obligación del Poder Legislativo para emitir antes del 30 de abril de próximo año, la ley concerniente para regular el gasto en publicidad oficial, restringiendo de manera indirecta, la libertad de expresión. Bien vale la pena retomar que la publicidad oficial se ha manejado de manera discrecional por parte del gobierno federal durante cada una de las administraciones.
Este hecho sin duda marca un precedente importante en cuanto hacer valer el estado de Derecho, ya que por un lado, incluye a los Poderes de la Unión a no permanecer fuera de la ley; mientras que por otro, se restringirá el caudal millonario que las diversas instituciones federales realizan, muchas veces, sin una cuidada reglamentación de contratación y de efectividad.
Anteriormente habíamos expuesto aquí que tan solo en cuatro años, únicamente la Presidencia de la República había erogado (según una solicitud de información) un total de $132,847,741.88 (ciento treinta y dos millones, ochocientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y un pesos 88/100), lo que, para efectos reales, representa un agravio al pueblo de México, más aún, cuando las circunstancias actuales no están dadas económicamente para dichos dispendios.
En este marco, la sentencia referida clarifica que el Congreso de la Unión ha sido omiso en atender lo que marca el artículo 8 transitorio de la reforma aprobada en febrero de 2014 y que deriva de un amparo tratado por un juez federal en materia administrativa en la Ciudad de México bajo el argumento de no ser procedente por no aplicar para temas “político electorales”. Ante ello, la organización Artículo 19 pidió a la SCJN atraer el caso y en agosto de 2015, la Primera Sala consideró que existían los elementos suficientes para que el caso fuese analizado por el Pleno de la misma instancia.
De acuerdo con información manejada a través de un comunicado, la SCJN aseguró ante la omisión del Poder Legislativo: “viola la libertad de expresión, de prensa y de información. Este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes”.
También sentencia: “La ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión”.
Sabemos de antemano que el 2018 será un año complicado en muchos sentidos, además con tintes electorales, que sin duda, se buscarán mecanismos turbios para desviar dinero público de partidas presupuestadas a las campañas electorales; además, tendremos, como ciudadanos, que soportar las carretadas de spots en radio, televisión, anuncios en prensa y ahora también por internet, de miles de campañas que más allá de propuestas viables y argumentos reales, solo servirán para dilapidar el dinero de los contribuyentes.
Sin embargo, no podemos echar las campanas al vuelo ante esta sentencia. Los ciudadanos deberemos estar a la expectativa para observar cuidadosamente la redacción de la propia ley así como de su cabal cumplimiento en la práctica. Al ser el 2018 un año electoral, debemos esperar cualquier argucia legaloide o bien de aplicación por parte de las instituciones federales.
Sin duda alguna es un primer paso y esto demuestra que la sociedad organizada apoyada por organizaciones capaces, siempre tendrán una voz, aunque muchos no quieran escuchar o no estén de acuerdo, tendrán que apegarse al marco jurídico, sólo así, tendremos un irrestricto cumplimiento de la ley en un país que pareciera se nos sale de las manos ante tanta negligencia gubernamental y en ocasiones, también social.
HABEAS DATA / 6 de Noviembre de 2017
LAS CIFRAS DE LA PUBLICIDAD OFICIAL EN EL ACTUAL SEXENIO
Por David A. Figueroa Hernández
Este mes de noviembre que apenas inicia resultará trascendental para la correcta aplicación del marco jurídico en nuestro país.
El próximo 15 de noviembre será votado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un proyecto de procedencia de un amparo interpuesto por la organización Artículo 19, donde se acusa omisión del Poder Legislativo para elaborar la ley que debe regular el reparto de dinero concerniente a publicidad oficial.
Para muchos, el tema resulta de poca importancia, sin embargo, para otros, es de gran valía ante el constante despilfarro de los recursos públicos que ha hecho el gobierno federal en los últimos años.
El ejecutivo federal hace cinco años prometió regular la publicidad oficial y al día de hoy, el gobierno federal hace erogaciones en materia de publicidad que sobrepasan los programas anuales de comunicación y vulneran indirectamente a los medios de comunicación manteniendo un flujo constante de capital para quienes simpatizan con los intereses en turno. Esto sin duda vulnera y violenta las libertades de expresión a través de métodos indirectos de censura.
Existen varios antecedentes al respecto. En 2015, Artículo 19 y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, dieron a conocer la cifra erogada durante el primer año de cada uno de los últimos tres sexenios, lo que resultó en:
• Enrique Peña Nieto: 7 mil 611 millones de pesos.
• Felipe Calderón Hinojosa: 5 mil 624 millones de pesos.
• Vicente Fox Quesada: 3 mil 736 millones de pesos.
Debido al dispendio ya mencionado y ante una solicitud de información realizada a la Presidencia de la República respecto a las campañas publicitarias hechas en el actual sexenio (2013-2016), se solicitó el nombre de cada campaña así como los montos erogados anualmente, a lo que la institución respondió lo siguiente:
2013
Mensajes a la Ciudadanía y Cultura Cívica $ 15,554,828.92
1er Informe de Gobierno $ 11,353,011.10
Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades $ 950,890.67
Economía y Generación de Empleos $ 950,890.67
Fortalecimiento de la Seguridad Pública y Estado de Derecho $ 950,890.67
TOTAL $ 29,760,512.03
2014
Mensajes a la Ciudadanía $ 15,917,649.86
2do Informe de Gobierno $ 18,082,350.05
TOTAL $ 33,999,999.92
2015
Acciones de Gobierno I 2015 $ 32,179,873.84
Mensajes a la Ciudadanía $ 2,772,438.00
3er Informe de Gobierno $ 6,988,677.50
TOTAL $ 41,940,989.34
2016
Acciones de Gobierno $ 14,212,828.99
Mensajes a la Ciudadanía $ 8,842,769.20
4to Informe de Gobierno $ 4,090,642.40
TOTAL $ 27,146,240.59
Es decir, en cuatro años, de 2013-2016, se erogaron un total de $132,847,741.88 (ciento treinta y dos millones, ochocientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y un pesos 88/100) tan sólo de la Presidencia de la República. ¿Cuánto más si se añaden cada una de las secretarias y órganos descentralizados de la Administración Pública Federal durante casi cinco años?¿Cuánto más si al final de cada año fiscal todas las dependencias hacen uso de montos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuye en aras de fortalecer el discurso oficial?
Según estimaciones, en el sexenio actual se han ejercido un aproximado de 37 mil 725 millones de pesos en publicidad oficial, con un sobre ejercicio sexenal lógico debido a que se ha gastado 71.86 por ciento más del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
Con esta realidad, para los ciudadanos interesados en el veredicto que presentará el Ministro Arturo Zaldívar y que tendrá verificativo el 15 de noviembre, resulta imprescindible su seguimiento ya que, de aprobarse, no sólo obligaría –según el agravio presentado por Artículo 19- al Congreso de la Unión a expedir dicha Ley antes del 30 de abril de 2018, sino que inhibiría el uso mediático en los medios de comunicación para difundir publicidad oficial.
Por ello, hay que decirlo, no estamos en contra de la correcta difusión de la publicidad oficial sino del exceso en la misma y las formas para hacerlo, presentada como si la comunicación política -en su más básica estructura- fuera lo único para la debida gobernanza. Por otro lado, exhortamos a que la publicidad referida ya no sea una forma de ejercer control en los medios, que la libertad de expresión y la crítica constructiva fortalezcan al estado de derecho.
Finalmente, los ciudadanos deseamos resultados en los diferentes niveles de gobierno, no aspiraciones y simple publicidad mediática con miras al próximo año electoral en el que, de nueva cuenta, seremos bombardeados ya no solamente por la publicidad oficial sino también por la electoral; sufriremos las consecuencias de la falta de contenidos. Una vez más.
Por David A. Figueroa Hernández
Este mes de noviembre que apenas inicia resultará trascendental para la correcta aplicación del marco jurídico en nuestro país.
El próximo 15 de noviembre será votado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un proyecto de procedencia de un amparo interpuesto por la organización Artículo 19, donde se acusa omisión del Poder Legislativo para elaborar la ley que debe regular el reparto de dinero concerniente a publicidad oficial.
Para muchos, el tema resulta de poca importancia, sin embargo, para otros, es de gran valía ante el constante despilfarro de los recursos públicos que ha hecho el gobierno federal en los últimos años.
El ejecutivo federal hace cinco años prometió regular la publicidad oficial y al día de hoy, el gobierno federal hace erogaciones en materia de publicidad que sobrepasan los programas anuales de comunicación y vulneran indirectamente a los medios de comunicación manteniendo un flujo constante de capital para quienes simpatizan con los intereses en turno. Esto sin duda vulnera y violenta las libertades de expresión a través de métodos indirectos de censura.
Existen varios antecedentes al respecto. En 2015, Artículo 19 y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, dieron a conocer la cifra erogada durante el primer año de cada uno de los últimos tres sexenios, lo que resultó en:
• Enrique Peña Nieto: 7 mil 611 millones de pesos.
• Felipe Calderón Hinojosa: 5 mil 624 millones de pesos.
• Vicente Fox Quesada: 3 mil 736 millones de pesos.
Debido al dispendio ya mencionado y ante una solicitud de información realizada a la Presidencia de la República respecto a las campañas publicitarias hechas en el actual sexenio (2013-2016), se solicitó el nombre de cada campaña así como los montos erogados anualmente, a lo que la institución respondió lo siguiente:
2013
Mensajes a la Ciudadanía y Cultura Cívica $ 15,554,828.92
1er Informe de Gobierno $ 11,353,011.10
Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades $ 950,890.67
Economía y Generación de Empleos $ 950,890.67
Fortalecimiento de la Seguridad Pública y Estado de Derecho $ 950,890.67
TOTAL $ 29,760,512.03
2014
Mensajes a la Ciudadanía $ 15,917,649.86
2do Informe de Gobierno $ 18,082,350.05
TOTAL $ 33,999,999.92
2015
Acciones de Gobierno I 2015 $ 32,179,873.84
Mensajes a la Ciudadanía $ 2,772,438.00
3er Informe de Gobierno $ 6,988,677.50
TOTAL $ 41,940,989.34
2016
Acciones de Gobierno $ 14,212,828.99
Mensajes a la Ciudadanía $ 8,842,769.20
4to Informe de Gobierno $ 4,090,642.40
TOTAL $ 27,146,240.59
Es decir, en cuatro años, de 2013-2016, se erogaron un total de $132,847,741.88 (ciento treinta y dos millones, ochocientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y un pesos 88/100) tan sólo de la Presidencia de la República. ¿Cuánto más si se añaden cada una de las secretarias y órganos descentralizados de la Administración Pública Federal durante casi cinco años?¿Cuánto más si al final de cada año fiscal todas las dependencias hacen uso de montos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuye en aras de fortalecer el discurso oficial?
Según estimaciones, en el sexenio actual se han ejercido un aproximado de 37 mil 725 millones de pesos en publicidad oficial, con un sobre ejercicio sexenal lógico debido a que se ha gastado 71.86 por ciento más del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
Con esta realidad, para los ciudadanos interesados en el veredicto que presentará el Ministro Arturo Zaldívar y que tendrá verificativo el 15 de noviembre, resulta imprescindible su seguimiento ya que, de aprobarse, no sólo obligaría –según el agravio presentado por Artículo 19- al Congreso de la Unión a expedir dicha Ley antes del 30 de abril de 2018, sino que inhibiría el uso mediático en los medios de comunicación para difundir publicidad oficial.
Por ello, hay que decirlo, no estamos en contra de la correcta difusión de la publicidad oficial sino del exceso en la misma y las formas para hacerlo, presentada como si la comunicación política -en su más básica estructura- fuera lo único para la debida gobernanza. Por otro lado, exhortamos a que la publicidad referida ya no sea una forma de ejercer control en los medios, que la libertad de expresión y la crítica constructiva fortalezcan al estado de derecho.
Finalmente, los ciudadanos deseamos resultados en los diferentes niveles de gobierno, no aspiraciones y simple publicidad mediática con miras al próximo año electoral en el que, de nueva cuenta, seremos bombardeados ya no solamente por la publicidad oficial sino también por la electoral; sufriremos las consecuencias de la falta de contenidos. Una vez más.
HABEAS DATA / 23 de Octubre de 2017
LA TRANSPARENCIA Y SU ALTO COSTO PARA LOS CIUDADANOS
Por David A. Figueroa Hernández
El mes pasado hablamos en este mismo espacio sobre la alianza entre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y Sesame Workshop para difundir en nuestro país, a través de Canal Once Niños, contenidos interactivos y entretenidos para la infancia, una serie denominada “Monstruos en Red”, con el objetivo de que los niños conocieran a fondo los derechos relacionados con la protección de los datos personales y la privacidad de los mismos.
En este sentido, haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, así como a la transparencia y rendición de cuentas por parte del INAI, solicitamos mediante una petición de información a través del sistema INFOMEX con fecha del 11 de septiembre, el costo monetario por el cual se realizó dicha transacción comercial.
A este respecto, la Dirección General de Administración del INAI, quien es la encargada de Supervisar los procedimientos relativos a las adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y contratación de servicios, según lo dispuesto en el Artículo 30 fracción XV del Estatuto Orgánico del propio INAI, tuvo a bien contestar lo siguiente:
• OA/C035/16, SUSCRITO ENTRE SESAME WORKSHOP Y EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYP (sic) OBJETO VERSA EN LA ADQUISICÓN DE LA LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA PLAZA SÉSAMO: MOUNSTRUOS DE RED, MISMA QUE INCLUYE LA ADAPTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO CON CONTENIDO DIDÁCTICOS E INTERACTIVOS RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y PRIVACIDAD DIRIGIDO A LA POBLACIÓN INFANTIL POR UN MONTO DE $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES 00/100)
Ante ello, habrá que hacer algunos razonamientos.
De acuerdo con las funciones implícitas que tiene el INAI como órgano garante, tiene como obligación del fomento y la enseñanza a todos los ciudadanos de sus derechos alusivos a los temas de transparencia, acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Sin embargo, ¿se justifica el alto costo de esta alianza? Por un lado, hay que comprender que Workshop es una empresa, como lo son todas aquellas que producen este tipo de contenidos y que cobra por realizarlos. En contraparte y lo que ya no sorprende, es que el INAI –como otras instituciones- gaste del erario público cerca de dos millones 850 mil pesos (al tipo de cambio, si tenemos en cuenta que el dólar se ubica en 19 pesos) en una serie que aún no sabemos si tendrá dividendos positivos en el sector al que va dirigido. Es una moneda al aire, como resulta la mayoría de la publicidad erogada por las diferentes instituciones de gobierno y órganos autónomos, donde el perjudicado directamente es el ciudadano, principalmente al final de cada año donde poco sabe o se interesa de lo que se hace con sus impuestos en época decembrina.
En esta tesitura, lo que no debe extrañarnos son los altos presupuestos que se utilizan anualmente en el INAI. Hay que recordar que el año pasado, en el Presupuesto proyectado por la institución y aprobado en la Cámara de Diputados para este 2017, se solicitó un aumento de 1.9% respecto al ejercicio anterior (2016); es decir, 955 millones 861 mil 356 pesos.
Por si lo anterior resultara de poca adenda, en agosto pasado, el INAI informó que para el año 2018, requerirá un aumento sustancial sobre lo solicitado para este ejercicio 2017 de mil 98 millones 478 mil 640 pesos; es decir, un aumento de 14.9%. Seguramente será aprobado en la Cámara de Diputados para que “la transparencia refleje el verdadero interés que han mostrado los ciudadanos”.
A este respecto, el INAI justificó esta alza presupuestal en torno a los nuevos retos que enfrentan como institución para garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos en las materias aludidas, como es el pago de su edificio sede (contrato de arrendamiento financiero a 20 años), así como por la implementación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) que inició su vigencia el 27 de enero del presente.
Ante esta realidad, bien podemos adelantar nuestra carta a los Reyes Magos para el próximo año, en ella no sólo colocaremos los buenos deseos para que el INAI se convierta en una institución importante, conocida y reconocida por todos los mexicanos, que los ciudadanos conozcan y utilicen sus derechos inherentes a través de dicho órgano autónomo; que no se convierta en un ente burocrático o elefante blanco que nos cuesta mucho a los mexicanos y que a tres años de su reforma constitucional, aún no vemos reflejados los grandes cambios y lo trascendental en la vida democrática de México.
En fin, esperemos que la canasta no está llena sólo de buenos deseos…
Por David A. Figueroa Hernández
El mes pasado hablamos en este mismo espacio sobre la alianza entre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y Sesame Workshop para difundir en nuestro país, a través de Canal Once Niños, contenidos interactivos y entretenidos para la infancia, una serie denominada “Monstruos en Red”, con el objetivo de que los niños conocieran a fondo los derechos relacionados con la protección de los datos personales y la privacidad de los mismos.
En este sentido, haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, así como a la transparencia y rendición de cuentas por parte del INAI, solicitamos mediante una petición de información a través del sistema INFOMEX con fecha del 11 de septiembre, el costo monetario por el cual se realizó dicha transacción comercial.
A este respecto, la Dirección General de Administración del INAI, quien es la encargada de Supervisar los procedimientos relativos a las adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y contratación de servicios, según lo dispuesto en el Artículo 30 fracción XV del Estatuto Orgánico del propio INAI, tuvo a bien contestar lo siguiente:
• OA/C035/16, SUSCRITO ENTRE SESAME WORKSHOP Y EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CUYP (sic) OBJETO VERSA EN LA ADQUISICÓN DE LA LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA PLAZA SÉSAMO: MOUNSTRUOS DE RED, MISMA QUE INCLUYE LA ADAPTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO CON CONTENIDO DIDÁCTICOS E INTERACTIVOS RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y PRIVACIDAD DIRIGIDO A LA POBLACIÓN INFANTIL POR UN MONTO DE $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES 00/100)
Ante ello, habrá que hacer algunos razonamientos.
De acuerdo con las funciones implícitas que tiene el INAI como órgano garante, tiene como obligación del fomento y la enseñanza a todos los ciudadanos de sus derechos alusivos a los temas de transparencia, acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Sin embargo, ¿se justifica el alto costo de esta alianza? Por un lado, hay que comprender que Workshop es una empresa, como lo son todas aquellas que producen este tipo de contenidos y que cobra por realizarlos. En contraparte y lo que ya no sorprende, es que el INAI –como otras instituciones- gaste del erario público cerca de dos millones 850 mil pesos (al tipo de cambio, si tenemos en cuenta que el dólar se ubica en 19 pesos) en una serie que aún no sabemos si tendrá dividendos positivos en el sector al que va dirigido. Es una moneda al aire, como resulta la mayoría de la publicidad erogada por las diferentes instituciones de gobierno y órganos autónomos, donde el perjudicado directamente es el ciudadano, principalmente al final de cada año donde poco sabe o se interesa de lo que se hace con sus impuestos en época decembrina.
En esta tesitura, lo que no debe extrañarnos son los altos presupuestos que se utilizan anualmente en el INAI. Hay que recordar que el año pasado, en el Presupuesto proyectado por la institución y aprobado en la Cámara de Diputados para este 2017, se solicitó un aumento de 1.9% respecto al ejercicio anterior (2016); es decir, 955 millones 861 mil 356 pesos.
Por si lo anterior resultara de poca adenda, en agosto pasado, el INAI informó que para el año 2018, requerirá un aumento sustancial sobre lo solicitado para este ejercicio 2017 de mil 98 millones 478 mil 640 pesos; es decir, un aumento de 14.9%. Seguramente será aprobado en la Cámara de Diputados para que “la transparencia refleje el verdadero interés que han mostrado los ciudadanos”.
A este respecto, el INAI justificó esta alza presupuestal en torno a los nuevos retos que enfrentan como institución para garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos en las materias aludidas, como es el pago de su edificio sede (contrato de arrendamiento financiero a 20 años), así como por la implementación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) que inició su vigencia el 27 de enero del presente.
Ante esta realidad, bien podemos adelantar nuestra carta a los Reyes Magos para el próximo año, en ella no sólo colocaremos los buenos deseos para que el INAI se convierta en una institución importante, conocida y reconocida por todos los mexicanos, que los ciudadanos conozcan y utilicen sus derechos inherentes a través de dicho órgano autónomo; que no se convierta en un ente burocrático o elefante blanco que nos cuesta mucho a los mexicanos y que a tres años de su reforma constitucional, aún no vemos reflejados los grandes cambios y lo trascendental en la vida democrática de México.
En fin, esperemos que la canasta no está llena sólo de buenos deseos…
HABEAS DATA / 9 Octubre de 2017
LOS ORGANISMOS GARANTES COMO GENERADORES DE TRANSPARENCIA
Por David A. Figueroa Hernández*
La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son temas que propiciaron un impulso en la administración pública a todos sus niveles. Actualmente, estos conceptos son conocidos y mencionados por muchos ciudadanos en el quehacer cotidiano de sus actividades y eso sin duda, demuestra el alcance de los nuevos tiempos que vivimos.
No obstante, existen todavía muchos portales y áreas que merecen ser actualizados de manera permanente; por un lado, los sujetos obligados por ley, deben hacerlo; por otro, los organismos garantes no solo deben ser vigilantes de que los sujetos obligados transparenten su información sino que también deben difundir sus propias actividades realizadas en torno a una cultura en las disciplinas que la ley les confiere.
De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Sección Primera. De los principios rectores de los Organismos garantes, artículo 8, dichos organismos deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:
I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;
III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;
IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;
V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;
VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Amparados en la última fracción, es decir, la IX alusiva a la Transparencia de dichos principios rectores, es importante que cada organismo garante mantenga actualizada su información. En este sentido, cada uno de los 33 portales (INAI como organismo federal y las 32 entidades federativas), contienen información relevante alusiva a su respectivo estado, y si bien los portales son diferentes en su página de inicio, cada uno de ellos debe contener uniformidad en la información, es decir, las exigencias y responsabilidades que la propia ley les impone para asegurar el acceso a la información, la transparencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas tanto de los sujetos obligados como de ellos mismos como organismos garantes.
Derivado de lo anterior, resulta imprescindible que absolutamente todos los portales de los organismos garantes no solamente publiquen y mantengan información de los eventos que realizan, sino que mantengan actualizados su portales ya que algunos de ellos, como el caso del Infodf (en un cintillo al final de la página), perteneciente a la Ciudad de México, contiene información a manera de memorias, diplomados, concursos, seminarios de los años 2015 y 2016 así como un calendario 2016 pero no se ha actualizado la información al año en curso de los mismos eventos alusivos ni del calendario.
Sabemos que los organismos garantes deben mantener otros rubros que resultan de mayor relevancia para la ciudadanía como son: noticias relevantes y actuales, normatividad, cómo solicitar información pública, presentar una numeralia en torno a las solicitudes de Acceso a la Información Pública así como derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición), cómo proteger los Datos Personales, actividades y servicios, entre otros. No obstante, también consideramos que resulta imprescindible que la información generada en el año en curso ya descrita en el párrafo anterior, también es importante para la ciudadanía, o al menos para un sector de ella.
No resulta pecata minuta omitir información que pareciera trivial, al contrario, hay que ser una caja de cristal y que la ciudadanía evalúe y genere sus propios criterios de la información que requiere y necesita.
Por ello, es importante que los organismos garantes continúen por el camino correcto y se consoliden como ejemplos para los sujetos obligados; es tarea de todos como ciudadanos, exigirles transparentar todas las acciones realizadas año con año, mes con mes y día con día, sólo así, sabremos que el presupuesto público que ellos utilizan, estará bien utilizado.
Por David A. Figueroa Hernández*
La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son temas que propiciaron un impulso en la administración pública a todos sus niveles. Actualmente, estos conceptos son conocidos y mencionados por muchos ciudadanos en el quehacer cotidiano de sus actividades y eso sin duda, demuestra el alcance de los nuevos tiempos que vivimos.
No obstante, existen todavía muchos portales y áreas que merecen ser actualizados de manera permanente; por un lado, los sujetos obligados por ley, deben hacerlo; por otro, los organismos garantes no solo deben ser vigilantes de que los sujetos obligados transparenten su información sino que también deben difundir sus propias actividades realizadas en torno a una cultura en las disciplinas que la ley les confiere.
De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Sección Primera. De los principios rectores de los Organismos garantes, artículo 8, dichos organismos deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:
I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;
III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;
IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;
V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;
VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Amparados en la última fracción, es decir, la IX alusiva a la Transparencia de dichos principios rectores, es importante que cada organismo garante mantenga actualizada su información. En este sentido, cada uno de los 33 portales (INAI como organismo federal y las 32 entidades federativas), contienen información relevante alusiva a su respectivo estado, y si bien los portales son diferentes en su página de inicio, cada uno de ellos debe contener uniformidad en la información, es decir, las exigencias y responsabilidades que la propia ley les impone para asegurar el acceso a la información, la transparencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas tanto de los sujetos obligados como de ellos mismos como organismos garantes.
Derivado de lo anterior, resulta imprescindible que absolutamente todos los portales de los organismos garantes no solamente publiquen y mantengan información de los eventos que realizan, sino que mantengan actualizados su portales ya que algunos de ellos, como el caso del Infodf (en un cintillo al final de la página), perteneciente a la Ciudad de México, contiene información a manera de memorias, diplomados, concursos, seminarios de los años 2015 y 2016 así como un calendario 2016 pero no se ha actualizado la información al año en curso de los mismos eventos alusivos ni del calendario.
Sabemos que los organismos garantes deben mantener otros rubros que resultan de mayor relevancia para la ciudadanía como son: noticias relevantes y actuales, normatividad, cómo solicitar información pública, presentar una numeralia en torno a las solicitudes de Acceso a la Información Pública así como derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición), cómo proteger los Datos Personales, actividades y servicios, entre otros. No obstante, también consideramos que resulta imprescindible que la información generada en el año en curso ya descrita en el párrafo anterior, también es importante para la ciudadanía, o al menos para un sector de ella.
No resulta pecata minuta omitir información que pareciera trivial, al contrario, hay que ser una caja de cristal y que la ciudadanía evalúe y genere sus propios criterios de la información que requiere y necesita.
Por ello, es importante que los organismos garantes continúen por el camino correcto y se consoliden como ejemplos para los sujetos obligados; es tarea de todos como ciudadanos, exigirles transparentar todas las acciones realizadas año con año, mes con mes y día con día, sólo así, sabremos que el presupuesto público que ellos utilizan, estará bien utilizado.
HABEAS DATA / 25 Septiembre de 2017
EL DERECHO DE LA INCLUSIÓN DIGITAL PARA TODOS
Por David A. Figueroa Hernández
El mes de septiembre se ha convertido sin duda alguna en un mes lamentable en la historia contemporánea de nuestro querido México. El pasado día 7 del mes citado, varias entidades de la república, entre ellas Oaxaca, Chiapas y Tabasco, sufrieron el golpe devastador de un sismo que cambiaría el rostro de muchas comunidades, principalmente del Istmo de Tehuantepec.
Por si ello fuera poco, la semana pasada, el 19 de septiembre, recordado por todos en referencia al sismo de 1985, otro movimiento telúrico dejó perores secuelas al afectar los estados de Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Estado de México, Guerrero y la capital, la Ciudad de México.
En ambos sismos, lo más lamentable resulta la muerte de cientos de personas por encima de las pérdidas materiales. No obstante, es imprescindible aceptar que hemos avanzado en cuanto a organización tanto del gobierno como de la sociedad civil, así como en tecnología que, a 32 años de aquél sismo de 1985, no se contaba, ni con uno ni con otro.
Es importante recordar que nuestro país es azotado por diversos elementos naturales; su situación geográfica resulta una posición compleja ya que, por mar, tanto por el Pacífico como por el Atlántico, es azotado por tormentas tropicales, huracanes y depresiones tropicales importantes. Por otro lado, haciendo referencia a los párrafos anteriores, se encuentra sobre diversas placas tectónicas importantes. Todo ello, nos recuerda lo vulnerables que somos ante la naturaleza.
En esta tesitura, resulta preponderante que el gobierno federal puntualice acciones importantes y no mediáticas de desarrollo en cada estado de la república, principalmente en las entidades que fueron afectadas por ambos terremotos aunque de sobremanera en aquéllos que poseen un mayor rezago económico-social y que fueron víctimas del primer sismo de septiembre como son Chiapas, Oaxaca y Tabasco.
De acuerdo con un comunicado publicado en días pasados por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), apoyado en datos recabados del Banco de Información de Telecomunicaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se hace alusión que al primer trimestre de 2017, Oaxaca apenas contaba con 54 dispositivos móviles por cada 100 habitantes; Chiapas tenía 59 y Tabasco 74. El promedio nacional ronda en un margen de 91 dispositivos. Asimismo, la teledensidad de telefonía fija -menciona el comunicado- era de 20, 16 y 19 líneas por cada 100 hogares, respectivamente; el promedio nacional era de 60. Veamos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo por mencionar la norma principal, menciona en su artículo 6°, inciso B, fracciones I y V lo siguiente:
I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.
[…]
V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.
[…]
Por otra parte, en la misma Carta Magna, el artículo 28 en su párrafo décimo sexto menciona:
[…]
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes.
[…]
Aunado a lo anterior, también la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo 15°, fracción XXXI, menciona claramente:
[…]
XXXI. Realizar las acciones necesarias para contribuir, en el ámbito de su competencia, al logro de los objetivos de la política de inclusión digital universal y cobertura universal establecida por el Ejecutivo Federal; así como a los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y los demás instrumentos programáticos relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones;
[…]
Ahora bien, ¿por qué retomamos la exigencia que hace la AMEDI? Sencillamente porque si hablamos de que estos estados (Chiapas, Oaxaca y Tabasco) fueron los más afectados tras el terremoto del día 7 de septiembre, también muestran una carencia en términos digitales por obvias razones, es decir, la falta de conectividad o de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión pueden representar la diferencia entre salvar vidas o admitir desgracias.
En este sentido y ante las distintas calamidades que azotan regularmente a nuestro país, es importante que el gobierno federal a través de los diferentes organismos e instituciones involucradas, atiendan las exigencias sociales y más aún, cuando la urgencia se encuentra localizada en las comunidades más pobres. El discurso de atención y de programas loables como el DN-III se ven rebasados en los momentos de contingencia debido a esta falta de atención en las responsabilidades institucionales. Continuamos atendiendo después de la tragedia y no prevenimos que lo hecho responsablemente puede ayudar a salvar vidas.
Se requieren inversiones adicionales en materia de infraestructura en telecomunicaciones para que en caso de este tipo de fenómenos, los servicios se restablezcan lo antes posible y que los millones de personas que viven en ellos, puedan tener comunicación ya sea para solicitar ayuda o para llevarla a quienes más lo necesitan.
Por otra parte, la AMEDI también hizo hincapié en la consulta pública, hasta ahora pospuesta, acerca del Protocolo de Comunicaciones de Emergencia correspondiente al primer trimestre de 2017, cuyo objetivo de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo 2017 del IFT dice a la letra: “el objetivo es regular la transmisión de mensajes en situaciones de emergencia de forma ordenada y homogeneizada por parte de los concesionados de telecomunicaciones y radiodifusión en coordinación con las instituciones y autoridades de protección civil”.
Es decir, ¿por qué en la Ciudad de México se restablecen lo antes posible las telecomunicaciones? Sin duda por ser el centro medular del país y contar con la infraestructura que la cotidianidad requiere. ¿Por qué tienen que pasar días o semanas para que los estados más pobres del país puedan tener conectividad y que el gobierno federal atienda las emergencias que pudo prevenir con la infraestructura debida en esta materia?
Para todos los mexicanos pero sobre todo para el gobierno federal, estos sismos lamentables que vivimos deben ser ejemplo para permitir la homogeneidad de los servicios a todas las comunidades y estados por igual, sin distingos; que las inversiones adicionales en materia de redes e infraestructura para operarlas sean una realidad para todos los habitantes. Ese es un derecho inalienable por el simple hecho de ser mexicano.
Por David A. Figueroa Hernández
El mes de septiembre se ha convertido sin duda alguna en un mes lamentable en la historia contemporánea de nuestro querido México. El pasado día 7 del mes citado, varias entidades de la república, entre ellas Oaxaca, Chiapas y Tabasco, sufrieron el golpe devastador de un sismo que cambiaría el rostro de muchas comunidades, principalmente del Istmo de Tehuantepec.
Por si ello fuera poco, la semana pasada, el 19 de septiembre, recordado por todos en referencia al sismo de 1985, otro movimiento telúrico dejó perores secuelas al afectar los estados de Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Estado de México, Guerrero y la capital, la Ciudad de México.
En ambos sismos, lo más lamentable resulta la muerte de cientos de personas por encima de las pérdidas materiales. No obstante, es imprescindible aceptar que hemos avanzado en cuanto a organización tanto del gobierno como de la sociedad civil, así como en tecnología que, a 32 años de aquél sismo de 1985, no se contaba, ni con uno ni con otro.
Es importante recordar que nuestro país es azotado por diversos elementos naturales; su situación geográfica resulta una posición compleja ya que, por mar, tanto por el Pacífico como por el Atlántico, es azotado por tormentas tropicales, huracanes y depresiones tropicales importantes. Por otro lado, haciendo referencia a los párrafos anteriores, se encuentra sobre diversas placas tectónicas importantes. Todo ello, nos recuerda lo vulnerables que somos ante la naturaleza.
En esta tesitura, resulta preponderante que el gobierno federal puntualice acciones importantes y no mediáticas de desarrollo en cada estado de la república, principalmente en las entidades que fueron afectadas por ambos terremotos aunque de sobremanera en aquéllos que poseen un mayor rezago económico-social y que fueron víctimas del primer sismo de septiembre como son Chiapas, Oaxaca y Tabasco.
De acuerdo con un comunicado publicado en días pasados por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), apoyado en datos recabados del Banco de Información de Telecomunicaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se hace alusión que al primer trimestre de 2017, Oaxaca apenas contaba con 54 dispositivos móviles por cada 100 habitantes; Chiapas tenía 59 y Tabasco 74. El promedio nacional ronda en un margen de 91 dispositivos. Asimismo, la teledensidad de telefonía fija -menciona el comunicado- era de 20, 16 y 19 líneas por cada 100 hogares, respectivamente; el promedio nacional era de 60. Veamos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo por mencionar la norma principal, menciona en su artículo 6°, inciso B, fracciones I y V lo siguiente:
I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.
[…]
V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.
[…]
Por otra parte, en la misma Carta Magna, el artículo 28 en su párrafo décimo sexto menciona:
[…]
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes.
[…]
Aunado a lo anterior, también la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo 15°, fracción XXXI, menciona claramente:
[…]
XXXI. Realizar las acciones necesarias para contribuir, en el ámbito de su competencia, al logro de los objetivos de la política de inclusión digital universal y cobertura universal establecida por el Ejecutivo Federal; así como a los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y los demás instrumentos programáticos relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones;
[…]
Ahora bien, ¿por qué retomamos la exigencia que hace la AMEDI? Sencillamente porque si hablamos de que estos estados (Chiapas, Oaxaca y Tabasco) fueron los más afectados tras el terremoto del día 7 de septiembre, también muestran una carencia en términos digitales por obvias razones, es decir, la falta de conectividad o de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión pueden representar la diferencia entre salvar vidas o admitir desgracias.
En este sentido y ante las distintas calamidades que azotan regularmente a nuestro país, es importante que el gobierno federal a través de los diferentes organismos e instituciones involucradas, atiendan las exigencias sociales y más aún, cuando la urgencia se encuentra localizada en las comunidades más pobres. El discurso de atención y de programas loables como el DN-III se ven rebasados en los momentos de contingencia debido a esta falta de atención en las responsabilidades institucionales. Continuamos atendiendo después de la tragedia y no prevenimos que lo hecho responsablemente puede ayudar a salvar vidas.
Se requieren inversiones adicionales en materia de infraestructura en telecomunicaciones para que en caso de este tipo de fenómenos, los servicios se restablezcan lo antes posible y que los millones de personas que viven en ellos, puedan tener comunicación ya sea para solicitar ayuda o para llevarla a quienes más lo necesitan.
Por otra parte, la AMEDI también hizo hincapié en la consulta pública, hasta ahora pospuesta, acerca del Protocolo de Comunicaciones de Emergencia correspondiente al primer trimestre de 2017, cuyo objetivo de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo 2017 del IFT dice a la letra: “el objetivo es regular la transmisión de mensajes en situaciones de emergencia de forma ordenada y homogeneizada por parte de los concesionados de telecomunicaciones y radiodifusión en coordinación con las instituciones y autoridades de protección civil”.
Es decir, ¿por qué en la Ciudad de México se restablecen lo antes posible las telecomunicaciones? Sin duda por ser el centro medular del país y contar con la infraestructura que la cotidianidad requiere. ¿Por qué tienen que pasar días o semanas para que los estados más pobres del país puedan tener conectividad y que el gobierno federal atienda las emergencias que pudo prevenir con la infraestructura debida en esta materia?
Para todos los mexicanos pero sobre todo para el gobierno federal, estos sismos lamentables que vivimos deben ser ejemplo para permitir la homogeneidad de los servicios a todas las comunidades y estados por igual, sin distingos; que las inversiones adicionales en materia de redes e infraestructura para operarlas sean una realidad para todos los habitantes. Ese es un derecho inalienable por el simple hecho de ser mexicano.
HABEAS DATA / 11 Septiembre de 2017
EL INAI Y SU NUEVA CARA PARA LOS NIÑOS
Por David A. Figueroa Hernández
En días pasados, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos Personales (INAI), anunció una alianza inédita con Sesame Workshop para difundir en nuestro país, a través de contenidos interactivos y entretenidos para la infancia, una serie denominada “Monstruos en Red”, con el objetivo de que los niños conozcan a fondo los derechos relacionados con la protección de los datos personales y la privacidad.
Resulta importante que desde la esfera del sistema educativo se enseñe a los alumnos de educación básica y media superior -sea a través de las instituciones involucradas o a través de los mismos padres de familia y maestros-, los contenidos alusivos a tópicos que son una realidad en el devenir cotidiano como son la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, así como la protección de datos personales y el derecho a la propia imagen.
Sin embargo, también resulta imprescindible que el INAI fortalezca la enseñanza feedback con los niños del país ya sea de forma directa o a través de los Organismos garantes en cada entidad federativa. En este ámbito, es importante mencionar al lector que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en sus artículos 12 y 14 establece lo concerniente a lo que aquí se comenta:
Artículo 12. Además de los objetivos previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Sistema Nacional tendrá como objetivo diseñar, ejecutar y evaluar un Programa Nacional de Protección de Datos Personales que defina la política pública y establezca, como mínimo, objetivos, estrategias, acciones y metas para:
I. Promover la educación y una cultura de protección de datos personales entre la sociedad mexicana;
II. Fomentar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición;
[…]
Artículo 14. El Sistema Nacional, además de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativa aplicable, tendrá las siguientes funciones en materia de protección de datos personales:
I. Promover el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en toda la República Mexicana;
II. Fomentar entre la sociedad una cultura de protección de los datos personales;
[…]
De acuerdo a lo anterior, la alianza entre el INAI y Sesame Workshop resulta por un lado atractiva, y más aún cuando los dispositivos móviles como computadoras, celulares y la propia televisión, juegan un papel inherente en la vida de los niños; por otro lado, los personajes que todos conocemos como la gallina “Gina”, Elmo, Lola y Pancho, diariamente se convierten en un referente para sus nuevos admiradores. A esta importante alianza, vale la pena mencionar que también se sumarán diversos youtubers e influencers como Cookies in the Sky, Patylu y Catwalk, todos ellos, con miras a una nueva opción de contenidos cuyo eje central sea la interactividad.
En este sentido, el anuncio de dicha serie se hizo pública el pasado lunes 4 de septiembre y será transmitida a través de Canal Once y YouTube Kids así como en las redes sociales del propio INAI. Para los interesados, esta serie se transmitirá los días lunes, miércoles y viernes a las 15:30 horas por Canal Once y a las 20:00 horas por Canal Once Niños, contará con 26 episodios de 12 minutos cada uno; su contenido va de animaciones y canciones hasta documentales.
Como ciudadanos agradecemos estos esfuerzos por parte de Organismos Autónomos, aunque esperamos que estas alianzas se fortalezcan y continúen en ascenso con la incorporación de otras instituciones y de otros medios de comunicación, sobre todo en una era en la que los contenidos resultan importantes para la formación y entretenimiento de los televidentes.
Es importante recalcar que en las últimas décadas los medios televisivos preponderantes no han aportado casi nada en cuanto a la generación de contenidos originales; las personas ven lo que hay porque no cuentan con el dinero necesario para pagar un sistema de cable, series de renombre o importantes eventos de talla mundial. Los medios de comunicación deben apostar también por generar apuestas temáticas que contribuyan al ejercicio democrático del individuo y de la sociedad. Para una democracia plena es menester que los individuos conozcan y hagan efectivos sus derechos en las materias referidas.
En el caso del INAI, el organismo se ha convertido en un referente pero sin la contundencia que merece un ente de esta magnitud. El instituto requiere de una estrategia conjunta e integral en la que no solamente los niños puedan conocer sus derechos, sino también los jóvenes, los adultos mayores y la sociedad en general; se deben redefinir los objetivos y las estrategias para posicionar al INAI en una campaña sólida y permanente en todos los medios de comunicación para que, a la brevedad, el resultado se refleje en un mayor número de ciudadanos conscientes de sus derechos en estas materias. La cultura de la transparencia y el acceso a la información, merecen un lugar mejor en la mente de los ciudadanos y en el posicionamiento social.
En esta tesitura, valdrá la pena hacer un análisis profundo el próximo año para saber si realmente esta alianza estratégica que firmó el INAI con Sesame Workshop alcanzará los objetivos establecidos y la penetración-asimilación por parte de su público objetivo.
Por el momento, vale la pena mencionar que al evento asistieron además de los Comisionados del INAI, funcionarios públicos y representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; la directora de Sesame Workshop en México, Brenda Campos; la directora de Canal Once, Jimena Saldaña Gutiérrez; la directora Nacional de Alianzas Estratégicas Save Children México, Mariana Valdés; la coordinadora general de @prende.mx, María Cristina Cárdenas Peralta; y la jefa de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de Google, Lina Ornelas.
Esperemos que con el tiempo y la efectividad de la serie, se puedan incorporar a futuro otros contenidos en otros medios nacionales, que en lugar de dibujos animados, telenovelas y programas extranjeros con poca audiencia, se fomenten las buenas producciones con contenidos positivos para la formación de buenos ciudadanos.
Por David A. Figueroa Hernández
En días pasados, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos Personales (INAI), anunció una alianza inédita con Sesame Workshop para difundir en nuestro país, a través de contenidos interactivos y entretenidos para la infancia, una serie denominada “Monstruos en Red”, con el objetivo de que los niños conozcan a fondo los derechos relacionados con la protección de los datos personales y la privacidad.
Resulta importante que desde la esfera del sistema educativo se enseñe a los alumnos de educación básica y media superior -sea a través de las instituciones involucradas o a través de los mismos padres de familia y maestros-, los contenidos alusivos a tópicos que son una realidad en el devenir cotidiano como son la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, así como la protección de datos personales y el derecho a la propia imagen.
Sin embargo, también resulta imprescindible que el INAI fortalezca la enseñanza feedback con los niños del país ya sea de forma directa o a través de los Organismos garantes en cada entidad federativa. En este ámbito, es importante mencionar al lector que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en sus artículos 12 y 14 establece lo concerniente a lo que aquí se comenta:
Artículo 12. Además de los objetivos previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Sistema Nacional tendrá como objetivo diseñar, ejecutar y evaluar un Programa Nacional de Protección de Datos Personales que defina la política pública y establezca, como mínimo, objetivos, estrategias, acciones y metas para:
I. Promover la educación y una cultura de protección de datos personales entre la sociedad mexicana;
II. Fomentar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición;
[…]
Artículo 14. El Sistema Nacional, además de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativa aplicable, tendrá las siguientes funciones en materia de protección de datos personales:
I. Promover el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en toda la República Mexicana;
II. Fomentar entre la sociedad una cultura de protección de los datos personales;
[…]
De acuerdo a lo anterior, la alianza entre el INAI y Sesame Workshop resulta por un lado atractiva, y más aún cuando los dispositivos móviles como computadoras, celulares y la propia televisión, juegan un papel inherente en la vida de los niños; por otro lado, los personajes que todos conocemos como la gallina “Gina”, Elmo, Lola y Pancho, diariamente se convierten en un referente para sus nuevos admiradores. A esta importante alianza, vale la pena mencionar que también se sumarán diversos youtubers e influencers como Cookies in the Sky, Patylu y Catwalk, todos ellos, con miras a una nueva opción de contenidos cuyo eje central sea la interactividad.
En este sentido, el anuncio de dicha serie se hizo pública el pasado lunes 4 de septiembre y será transmitida a través de Canal Once y YouTube Kids así como en las redes sociales del propio INAI. Para los interesados, esta serie se transmitirá los días lunes, miércoles y viernes a las 15:30 horas por Canal Once y a las 20:00 horas por Canal Once Niños, contará con 26 episodios de 12 minutos cada uno; su contenido va de animaciones y canciones hasta documentales.
Como ciudadanos agradecemos estos esfuerzos por parte de Organismos Autónomos, aunque esperamos que estas alianzas se fortalezcan y continúen en ascenso con la incorporación de otras instituciones y de otros medios de comunicación, sobre todo en una era en la que los contenidos resultan importantes para la formación y entretenimiento de los televidentes.
Es importante recalcar que en las últimas décadas los medios televisivos preponderantes no han aportado casi nada en cuanto a la generación de contenidos originales; las personas ven lo que hay porque no cuentan con el dinero necesario para pagar un sistema de cable, series de renombre o importantes eventos de talla mundial. Los medios de comunicación deben apostar también por generar apuestas temáticas que contribuyan al ejercicio democrático del individuo y de la sociedad. Para una democracia plena es menester que los individuos conozcan y hagan efectivos sus derechos en las materias referidas.
En el caso del INAI, el organismo se ha convertido en un referente pero sin la contundencia que merece un ente de esta magnitud. El instituto requiere de una estrategia conjunta e integral en la que no solamente los niños puedan conocer sus derechos, sino también los jóvenes, los adultos mayores y la sociedad en general; se deben redefinir los objetivos y las estrategias para posicionar al INAI en una campaña sólida y permanente en todos los medios de comunicación para que, a la brevedad, el resultado se refleje en un mayor número de ciudadanos conscientes de sus derechos en estas materias. La cultura de la transparencia y el acceso a la información, merecen un lugar mejor en la mente de los ciudadanos y en el posicionamiento social.
En esta tesitura, valdrá la pena hacer un análisis profundo el próximo año para saber si realmente esta alianza estratégica que firmó el INAI con Sesame Workshop alcanzará los objetivos establecidos y la penetración-asimilación por parte de su público objetivo.
Por el momento, vale la pena mencionar que al evento asistieron además de los Comisionados del INAI, funcionarios públicos y representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; la directora de Sesame Workshop en México, Brenda Campos; la directora de Canal Once, Jimena Saldaña Gutiérrez; la directora Nacional de Alianzas Estratégicas Save Children México, Mariana Valdés; la coordinadora general de @prende.mx, María Cristina Cárdenas Peralta; y la jefa de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de Google, Lina Ornelas.
Esperemos que con el tiempo y la efectividad de la serie, se puedan incorporar a futuro otros contenidos en otros medios nacionales, que en lugar de dibujos animados, telenovelas y programas extranjeros con poca audiencia, se fomenten las buenas producciones con contenidos positivos para la formación de buenos ciudadanos.
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